INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 159

ICBF y PGN vigilan asignación y destinación de recursos del programa de alimentación escolar

Bogotá, 15 de abril de 2008.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Procuraduría General de la Nación suscribirán un convenio de apoyo interinstitucional para fortalecer el control, seguimiento y monitoreo a los recursos destinados al programa de alimentación escolar.

La Procuraduría analizará y evaluará la información que remita el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el propósito de monitorear las coberturas alcanzadas y la eficiencia en el uso de los recursos de programa.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tendrá como objetivo especifico dentro del convenio, desarrollar e implementar el sistema de Seguimiento y monitoreo a los recursos destinados a alimentación escolar en los establecimientos educativos oficiales en el país, que contemple las diferentes fuentes, con el fin de monitorear las coberturas alcanzadas y la eficiencia en el uso de los recursos de programa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007.

Se prevé la conformación de un comité integrado por miembros de estas dos instituciones, quienes realizarán un seguimiento y evaluación del citado convenio.

En el marco de este tema, el jefe del ministerio público, como defensor de los derechos humanos y especialmente los prevalentes de los niños, las niñas y adolescentes, expidió una circular dirigida a los alcaldes municipales y distritales y gobernadores departamentales a través de la cual los insta «a dar cumplimiento de lo dispuesto la ley 1176 de 2007 conformación del Sistema General de Participaciones en lo atinente a la asignación de recursos para el programa de alimentación escolar», el cual deberá desarrollarse de acuerdo con los lineamientos técnico administrativos del ICBF.

En su directiva, también exhortó a los mencionados mandatarios a mantener en forma permanente la ampliación de cupos en el programa de alimentación escolar que las entidades territoriales realicen con recursos diferentes a la asignación especial para alimentación escolar del Sistema General de Participaciones y los asignados por el ICBF.

De acuerdo con lo dispuesto en la ley 1176 de 2007 se debe «destinar como mínimo el 80 por ciento del valor de la asignación Especial para Alimentación Escolar a la compra de alimentos cuando prestan directamente el servicio. El 20 por ciento restante podrá dedicarse exclusivamente a la contratación del personal para la preparación de alimentos, el transporte de alimentos, el menaje, dotación para la prestación del servicio de alimentación escolar, reposición de dotación, el aseo y el combustible para la preparación de los alimentos».

Los alcaldes y gobernadores deberán remitir a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia un informe donde se describa el desarrollo del programa de alimentación escolar, la asignación presupuestal y el cumplimiento de lo dispuesto en la directiva.