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Precluyó proceso penal por falso certificado laboral
con que ex ministro Londoño adquirió acciones de Invercolsa

Bogotá, 14 de abril de 2008.En la impunidad quedó la Falsedad Ideológica en que incurrió hace 11 años el señor Enrique Vargas Ramirez en su calidad de presidente de Invercolsa al expedir a su antecesor el señor Fernando Londoño Hoyos una certificación laboral con información falsa que le permitió adquirir irregularmente 145 millones de acciones de Invercolsa.

Tras evidenciar los hechos, en sentencia del 9 de diciembre de 2003 el Consejo de Estado compulsó copias y pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar al señor Vargas Ramirez.

Ocho meses después, el 2 de agosto de 2004, La Fiscalía 98 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico avocó conocimiento, pero posteriormente reasignaron el proceso a Fiscalía 93 de esa misma unidad.

Sin embargo dado que el señor Vargas Ramirez, para ese entonces se desempeñaba como Embajador de Colombia en Venezuela, el 20 de mayo de 2005, es decir más de nueve meses después, enviaron el proceso a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

El 13 de julio de 2005, un año y siete meses después de haber solicitado el Consejo de Estado la investigación penal, el Fiscal General dispuso la práctica de pruebas y 16 días después profirió resolución inhibitoria.

La Procuraduría interpuso de inmediato recurso de reposición solicitando celeridad en el proceso y advirtió la proximidad de la prescripción. Tras varias insistencias, el Fiscal General de la Nación confirmo la Resolución Inhibitoria.

La solicitud de revocatoria de dicha decisión interpuesta por la Procuraduría el 21 de junio de 2006, debió ser reiterada seis meses después y solo hasta febrero de 2007 se respondió negativamente la petición del Ministerio Público; pero como el ex Presidente de Invercolsa en ese momento ya había dejado su condición de Embajador, no estaba cobijado con ningún tipo de fuero y su proceso fue nuevamente trasladado.

Así el 27 de agosto de 2007, la Fiscalía 93 seccional de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico asumió el conocimiento del caso, decretó la nulidad, revocó el auto inhibitorio e inició instrucción. Tres meses después, el 28 de noviembre de 2007 cerró la investigación y la Procuraduría pidió resolución de acusación contra el ex embajador Vargas Ramirez

Sin embargo la Fiscalía debió ordenar el archivo por preclusión pues el hecho ocurrió hace 11 años y el término máximo de prescripción de la acción penal en este caso era de 10 años y seis meses, dado los aumentos contemplados en la ley por cuanto al incurrir en la irregularidad se desempeñaba como servidor público, a pesar que desde diciembre del 2003, hace 4 años 3 meses el Consejo de Estado había compulsado las copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara la falsedad.

Como se recordará, para adquirir las mencionadas acciones el ex ministro Londoño Hoyos se hizo pasar en forma fraudulenta como trabajador, mediante la presentación del certificado expedido por el señor Enrique Vargas Ramirez, el cual utilizó para apropiarse ilícitamente de 145 millones de acciones y constituirse de esa forma como socio individual mayoritario de Invercolsa, según consta en el acta de la asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el primero de abril de 2006 en donde el ex ministro del Interior y Justicia aparece con el 18% de las acciones suscritas.

En proceso ordinario instaurado por el ex ministro en contra de Invercolsa, a través del cual pretendía el pago de salarios y prestaciones sociales por el periodo comprendido entre el 30 de julio de 1990 y el 6 de abril de 1995, el juzgado 9º. Laboral del Circuito de Bogotá en sentencia del 27 de octubre de 2000, confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 28 de junio de 2002, denegó las pretensiones aclarando que entre Invercolsa y el señor Londoño Hoyos no existió jamás contrato de trabajo alguno.

En un aparte de la sentencia del tribunal se lee: “…el mismo actor determino en el Acta 1 de Agosto 20 de 1992, que no tuvo contrato de trabajo con la sociedad demandada e el año 1991, que él obró como representante de la sociedad ‘Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda’ ante la sociedad ‘Invercolsa, que existió un contrato de mandato con representación de naturaleza comercial entre las sociedades ‘Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda’ e ‘Invercolsa, S.A., y por último que la Sociedad ‘Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda’ (…) en desarrollo y para la ejecución del mismo contrato comercial, lo delegó para actuar como Presidente de Invercolsa S.A. lo que necesariamente excluye la existencia del contrato de trabajo aseverado en la demanda para el año 1991.”, e hizo claridad el Tribunal que dicha condición no cambio a lo largo de la ejecución del mencionado contrato.

El 8 de febrero de 2007 cuando el Juzgado 28 civil del Circuito de Bogotá al condenar al señor Fernando Londoño Hoyos, declaró entre otras cosas la “ineficacia de pleno derecho” de la compraventa de las acciones, además le impuso al ex ministro Londoño y a la Arrendadora Financiera Bolivariana, AFIB la obligación de restituir las acciones a ECOPETROL y a sus afiliadas junto con los dividendos generados por esas acciones.

El fallo condenatorio fue apelado por el señor Londoño y pasó a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, instancia ante la cual la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles puso de presente la ilicitud del objeto del contrato que lo hace nulo e insistió en la ya probada ausencia de la calidad de ex trabajador del señor Londoño Hoyos, para que se confirme la decisión de primera instancia y la nación a través de Ecopetrol recupere los 145 millones de acciones que fueron adquiridas por el ex Ministro del Interior y de Justicia en forma fraudulenta y terminen siendo restituidas las acciones a ECOPETROL a quien considera la Procuraduría como su legitima propietaria.