INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 144

Destituida e inhabilitada secretaria de ex Representante a la Cámara por falsedad documental

Bogotá, 8 de abril de 2008. Como coautora por coparticipación en la expedición de una certificación laboral espuria elaborada a solicitud de su jefe, el hoy ex-representante a la Cámara Miguel Durán Gelvis, la Procuraduría General de la Nación, destituyó e inhabilitó por diez años a la secretaria del excongresista, Mary Stella Galindo Ariza.

El hecho que motivó la decisión, se registró el 12 de mayo de 2003 cuando a través de una interceptación telefónica, la Procuraduría General de la Nación constató que una de sus funcionarias, hoy destituida por el mismo hecho, la señora Adriana Fedullo Rumbo y compañera del entonces congresista, mediante comunicación telefónica recibió la solicitud del señor Luis Antonio Zorro Camargo de gestionar ante él un certificado laboral.

En dicho documento, se hacía constar la supuesta vinculación del señor Zoro Camargo como asesor de tiempo completo del congresista, con lo cual buscaba el particular inducir en su favor la apreciación de los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos encargados de la expedición de visas para ese país.

Posteriormente, la señora Adriana Fedullo se comunicó telefónicamente con la secretaria de quien para la época de los hechos ejercía como representante a la Cámara, la señora Mary Stella Galindo Ariza, quien le confirmó que el certificado laboral fue expedido y entregado al particular.

Para la Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, los comportamientos y conductas que constituyen objeto de sanción contra la disciplinada, fueron confirmados y reforzados con las pruebas posteriormente practicadas, las cuales concluyen la intensión única de burlar a un gobierno extranjero a través de un documento que no correspondía a la verdad.

Consideró además que la servidora es responsable de sus actos y se encontraba en pleno uso de sus capacidades físicas y mentales para reconocer la gravedad de sus actos, en su condición de funcionaria pública vinculada al Congreso de la República.

El excongresista involucrado en los hechos fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación con la pérdida del cargo, en fallo de única instancia en noviembre del 2006.