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Procurador pide revisar proyecto de ley que elimina
garantías de acceso igualitario a la función pública

Bogotá, 26 de marzo de 2008. El Procurador General de la Nación manifestó al Congreso de la República su desacuerdo con el proyecto de Ley que pretende darles beneficios y trato preferencial a quienes hoy ocupan cargos estatales en provisionalidad, dejando en desventaja a los ciudadanos que desean acceder a cargos en la función pública, violando el principio constitucional a la igualdad.

La iniciativa que actualmente hace curso en la Cámara de Representantes, busca reformar algunos artículos de la Ley 909 de 2004 que contienen “los concursos de los sistemas específicos y especiales y se dictan disposiciones en materia de carrera administrativa”,  y contempla la permanencia de servidores provisionales con garantías eliminando así la razón de ser del actual concurso adelantado por la función pública en el que participan medio millón de colombianos, por cuanto bajo esa perspectiva los cargos vacantes ya estarían ocupados.

De acuerdo con una de las modificaciones planteadas al proyecto de ley “los empleados que a la fecha de publicación de la Ley 909 de 2004, estuviesen ocupando cargos públicos vacantes de forma definitiva, en calidad de provisionales, del sistema general de carrera, y que a la entrada de la vigencia de la presente ley aún ocupen dichos cargos, no podrán ser separados de su cargo sino por las causales contenidas en el artículo 41 de la misma Ley. Mientras permanezcan en sus cargos su desempeño será evaluado anualmente, siguiendo el procedimiento que se establezca en el reglamento”.

El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón recordó en carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes doctor Oscar Arboleda Palacio, que la Constitución Política establece con claridad que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera con las excepciones de los empleos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Insistió en que la provisión de cargos de carrera debe ser la consecuencia de la realización de concursos públicos, tal como lo expresa la norma constitucional, la cual es clara en que la provisionalidad es un figura transitoria, y reiteró la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre concursos públicos de carrera y concursos públicos especiales, sobre que el principio democrático de derecho obliga a su realización para el acceso al ejercicio de la Función pública, esto es, que existe igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos que aspiren a vincularse al Estado.

“Para la Procuraduría resulta clara la preocupación del ejecutivo en cumplir un programa de campaña, pero lo cierto es que esta iniciativa no puede ir en desmedro de uno de los principios más claros de la Constitución Política, cual es el de la profesionalización absoluta de la Función Pública, para trascender prácticas inadecuadas como el clientelismo“, señala la carta dirigida al Congreso de la República.

Finalmente advirtió que no hay razones para que un concurso al cual han sido convocados más de medio millón de colombianos, sea sustituido por una decisión que viola la norma superior, motivo por el cual debe darse trámite positivo a la iniciativa, el ministerio público tiene la facultad de solicitar al Presidente de la República la objeción del proyecto o demandar la futura ley ante la Corte Constitucional.


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