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Procuraduría solicitó aplicar el principio de favorabilidad para definir casos de transición pensional

Bogotá, lunes 24 de marzo de 2008. 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación conminó al Instituto de Seguro Social y Cajanal a acatar los criterios relacionados con los requisitos aprobados por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional con relación al régimen de transición en pensiones.

El ministerio público insistió una vez más, que es a las altas corporaciones judiciales a las que les corresponde unificar la jurisprudencia, facultad constitucional que no puede abrogarse la administración pública al aplicar la ley y mucho menos en aras de fijar requisitos con el fin de reconocer o negar derechos.

Para la Procuraduría, tanto el ISS como Cajanal están exigiendo un requisito no consagrado en la ley , como el de estar afiliados al sistema cuando entró en vigencia de la Ley 100, o al darle un alcance restrictivo y que excluye la aplicación del principio constitucional de favorabilidad a los requisitos mencionados en el artículo 36 de la norma.

Consideró además, que de acuerdo con la jurisprudencia es evidente que el derecho a la Seguridad Social, el debido proceso, los derechos y garantías fundamentales, así como el patrimonio público se ven vulnerados de manera reiterada cuando persisten en no dar aplicación a la jurisprudencia elaborada por la Corte Constitucional que unifica el proceder en relación con el régimen de transición en pensiones.

De igual forma, el ministerio público a través del Instructivo 25 del 5 de febrero de 2008 advirtió que el régimen de transición es un derecho adquirido y por lo tanto, los usuarios del sistema pueden regresar al Sistema de Prima Media con Prestación Definida, que es el que aplica dicho régimen, en cualquier tiempo y si reúne los requisitos de ley, hacer efectivo su derecho a pensión en los términos del principio constitucional de favorabilidad.

La precisión fue hecha al responder un significativo número de solicitudes de intervención, por la negativa de los fondos privados de pensiones de trasladas al Seguro Social a los sujetos de transición, que desean recuperar el régimen anterior al que tienen derecho, con fundamento en el término de los 10 años o menos que faltan para adquirir el derecho a pensión.

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