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Ante las irregularidades en la construcción de varios proyectos de interés social, PGN protege deerechos fundamentales de los moradores dee viviendas de interés social

Bogotá, miércoles 19 de marzo de 2008. 8:00 a.m. En aras de garantizar una vivienda digna a los miles de colombianos de escasos recursos cuyas vidas están en riesgo ante las fallas estructurales de las edificaciones de interés social, la Procuraduría General de la Nación verificará que las autoridades competentes garanticen el derecho a una «vivienda digna».

El ministerio público verificará, a través de los informes rendidos por los alcaldes municipales, directores y secretarios de Planeación municipal, si se están cumpliendo las normas de construcción para asegurar el derecho fundamental a una vivienda adecuada.

El seguimiento será efectuado por todos los procuradores Regionales y provinciales del país, especialmente a quienes tienen jurisdicción en Tolú Viejo (Sucre), Caucasia (Antioquia), Magangue (Bolivar), Palmar de Varela, Suan Malambo, Campo de la Cruz (Atlántico) y Plato (Magdalena), teniendo en cuenta que las viviendas más afectadas con esta situación están ubicadas en los departamentos de Bolívar, Antioquia, Atlántico, Magdalena y Sucre.

Esta problemática que afecta a la población de bajos recursos de nuestro país fue conocida por la Defensoría del Pueblo a través del Instituto Nacional de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe). Según manifestó el organismo se han presentado diversas irregularidades en la construcción de las viviendas de interés social que no cumplen con las normas de sismo resistencia vigentes.

Como consecuencia de lo anterior, el Defensor del Pueblo instó a los alcaldes municipales, secretarías y/o departamentos administrativos a adelantar las acciones necesarias para reparar las viviendas afectadas, lo cual es objeto de seguimiento por parte de la Procuraduría.

Así mismo, exigió a los constructores de los proyectos de vivienda de interés social cumplir con las normas vigentes en esa materia y adoptar las medidas correctivas del caso, y a los oferentes de este tipo de construcciones ejecutadas en el departamento del Atlántico, revisar y realizar las reparaciones necesarias.

Por su parte, las investigaciones adelantadas por el despacho del Viceprocurador frente a las irregularidades en la ejecución de los proyectos de viviendas de interés social y la movilización de los recursos han permitido evidenciar que «los Secretarios de Planeación de los municipios donde se ejecutaron las urbanizaciones, expidieron las licencias de urbanismo y construcción omitiendo vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistentes vigentes al momento de la solicitud.»

La situación para los moradores estas viviendas es más difícil si se tiene en cuenta que, tal como lo constató la Defensoría del Pueblo en las visitas efectuadas, muchas residencias presentan fallas en los servicios públicos, insalubridad ambiental y múltiples deficiencias en la estructura de las construcciones que no cumplen con las normas mínimas ni la utilización de los materiales adecuados, de acuerdo con la normatividad nacional e internacional.

Esta situación se contrapone al concepto de vivienda manifestado por la Corte Constitucional según el cual «la vivienda no puede, desde el punto de vista material, equipararse a la existencia de un simple techo que impida la lluvia y el frío o calor excesivos. La vivienda debe entenderse como un lugar que ofrezca seguridad a la persona frente a las inclemencias ambientales y un punto a partir del cual pueda proyectar su vida privada y en sociedad».

Bajo esa perspectiva, el ministerio público ha iniciado esta serie de actividades de vigilancia superior con fines preventivos tendientes a proteger los Derechos Humanos, en especial el derecho fundamental a una vivienda digna.


 

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