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Liquidar o fusionar a Cajanal solicito procuraduría al Gobierno nacional

Bogotá, martes 18 de marzo de 2008. 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación exhortó al Gobierno Nacional a adoptar de manera urgente la decisión de fusionar o liquidar a Cajanal, para poner fin a la crítica situación que afecta no solo el patrimonio público sino a sus afiliados y pensionados.

El ministerio público en ejercicio de su función preventiva elaboró un diagnóstico de la entidad, el cual muestra resultados nefastos para los ciudadanos, para su presupuesto y para la jurisdicción debido al represamiento de acciones de tutela por su deficiente organización administrativa y la no aplicación de las decisiones adoptadas por las altas cortes.

Durante el año 2007 se evidenció además que las acciones de tutela instauradas en contra de la Caja, las cuales no han sido resueltas, han dado lugar a un desborde de desacatos acompañados de multas y arrestos, los cuales además impiden la gerencia y la administración en forma debida.

El diagnóstico que sirvió como base para la expedición de la directiva dirigida por el ministerio público a la Caja Nacional de Previsión CAJANAL EICE y al Ministerio de Protección social, al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia Financiera de Colombia, señaló además que los documentos de los trámites administrativos están dispersos por todas las instalaciones de la entidad, motivo por el cual durante las visitas realizadas se han encontrado solicitudes que desde hace un año o más no reportan actuación alguna.

La situación no es mejor en cuanto al Régimen de Transición Pensional, especialmente en la aplicación de los Regímenes especiales de la rama judicial y del ministerio público y de la contraloría General de la República. “La decisión de la jurisprudencia al ordenar la inclusión de todos los factores salariales, la no aplicación del tope y tomar el promedio indicado en los regímenes especiales, son uno de los cuellos de botella de la Caja de Previsión”, señala el documento.

El ministerio público puso de presente la falta de atención a sus reiteradas sugerencias y diagnósticos, a la solicitud de medidas correctivas y preventivas en defensa del ordenamiento jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías de los trabajadores, pensionados y sus familias.


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