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PGN pide nulidad de contrato suscrito por alcaldía de Cali para modernización y optimización de la gestión tributaria

Bogotá, 14 de marzo de 2008. La Procuraduría General de la Nación solicitó ante los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle declarar la nulidad absoluta del contrato celebrado entre el municipio de Santiago de Cali y la Unión Temporal de servicios de Impuestos Si Cali para la modernización y optimización de la gestión tributaria y rentística, y el fortalecimiento y saneamiento de las finanzas del municipio.

Dentro de los alegatos de conclusión presentados por el ministerio público se hace alusión a cada una de las irregularidades presentadas en el marco de este convenio y se pide además la declaratoria de nulidad de cinco actos administrativos previos expedidos durante la etapa precontractual.

Inicialmente, el ministerio público manifestó que al suscribir este contrato, la Alcaldía de Cali cedió a un particular funciones de carácter oficial que eran indelegables, hecho que fue advertido al inicio del proceso licitatorio por la Dirección General de Apoyo Fiscal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De otra parte, el Concejo Municipal había concedido un término de 6 meses para que el alcalde celebrara el contrato, sin embargo, el contrato se suscribió el 11 de febrero de 2005 cuando ya había espirado la facultad concedida por el Concejo de Santiago de Cali para implementar dicha facultad.

Adicionalmente, se estableció que esta Corporación municipal no autorizó comprometer vigencias futuras, con relación a este contrato de prestación de servicios para la modernización tecnológica de Hacienda cuyo término es de 15 años.

Otro de los aspectos cuestionados tiene que ver con la ausencia de estudios técnicos, económicos y de planeación. Según manifestó la Procuraduría, en la etapa precontractual, no se tenía certeza sobre el tipo de contratación a celebrar «ya que al informarse sobre la convocatoria para la licitación pública para esa contratación, se hizo referencia que era un contrato de concesión, y siendo ello así, cómo se pretende señalar que si se dieron los estudios previos para la celebración de la misma».

A juicio del ministerio público los estudios previos que señala el Decreto 2170 de 2002 en concordancia con algunos apartes de la ley 80 de contratación estatal no se cumplieron cabalmente, circunstancia que habría incidido en la expedición de cinco adendos con modificaciones sustanciales al proceso licitatorio.

Igualmente el ministerio público manifestó ante el Tribunal Administrativo del Valle que está demostrado que la resolución de apertura de la licitación no fue expedida con la suficiente anticipación para poder cumplir con el requisito de publicidad y que dentro del término legal sobre apertura de la licitación no se publicó ningún aviso en un diario de amplia circulación como lo ordena la ley, pues las publicaciones se efectuaron antes de haberse ordenado la apertura.

Existe además, falta de claridad en los pliegos de condiciones, en los que además «se presentan exigencias, que llevan a determinar que se surtió un proceso cerrado, en contravía de su esencia legal de ser abierto» y violación del principio de igualdad en que habrían incurrido en desarrollo del cuestionado proceso.

También llamó la atención el hecho de que en los pliegos de condiciones no se hiciera ninguna exigencia de solidez económica propia a los proponentes y el incumplimiento, por parte del contratista, respecto a la garantía única de cumplimiento en los términos exigidos en la minuta del contrato.

Finalmente, la Procuraduría puso en consideración del Tribunal la expedición irregular de actos administrativos finales, el inexplicable reinicio de la licitación luego de una suspensión solicitada por la Procuraduría, la ausencia de actas de las reuniones del comité evaluador, la aprobación de la única propuesta sin atender las observaciones planteadas por dos miembros del Comité, así como la participación de un particular en el citado comité sin estar autorizado legalmente.