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Cobrar por el servicio de justicia es inconstitucional

Bogotá, 13 de marzo de 2008. Sólo si la Corte Constitucional logra determinar la manera como se produjeron las votaciones en las comisiones primeras constitucionales del Congreso se podrá subsanar el vicio de forma que presenta el proyecto de ley de reforma a la justicia, consideró la Procuraduría General de la Nación en el examen jurídico que adelantó al no poder comprobar la aprobación de la iniciativa por la mayoría absoluta de los miembros del legislativo, tal como lo exige la Carta Política de 1991 para las leyes estatutarias.

En un concepto de constitucionalidad entregado a consideración de los miembros del alto tribunal, el Ministerio Público no sólo pidió a los magistrados devolver el proyecto de ley estatutaria 023 de 2006 del Senado y 286 de 2007 de la Cámara de Representantes, en el cual se adoptan medidas para superar la congestión judicial, para que los legisladores cumplan con lo dispuesto en el ordenamiento superior.

Al efectuar el análisis de fondo del proyecto, la Procuraduría consideró inconstitucionales disposiciones como la que establece el denominado arancel judicial por obstaculizar y desconocer el principio de gratuidad en la justicia; permitir que sean los árbitros y no la ley los que fijen sus propias reglas o procedimientos por entrañar una violación del derecho a la igualdad y, además, propiciar y legitimar la existencia de códigos hechos a la medida de los intereses de los árbitros, facilitando que la parte más fuerte económicamente imponga sus reglas favorecedoras a sus intereses.

El proyecto, al establecer como requisito de procedibilidad la conciliación administrativa obligatoria, incluyó una intervención cuasi judicial del Ministerio Público que a juicio del organismo de control es ajena a sus funciones y que no está en capacidad real de cumplir por lo cual se solicitó su inconstitucionalidad.

También se catalogaron como claramente violatorias de la Carta apartes de los artículos tres y ocho por desconocer competencias constitucionales del Consejo Superior de la Judicatura sobre la atribución para establecer el mapa judicial del país, hacer la distribución de los respectivos despachos y señalarle funciones para dirimir los conflictos de competencia que se presenten en la propia jurisdicción ordinaria.

Además, la Procuraduría pide la exequibilidad condicionada a las disposiciones que otorgan competencia al Consejo de Estado en materia de revisión eventual de acciones públicas. A juicio del organismo de control, la norma no debe incluir en ese procedimiento a la acción de tutela, pues, en estos casos, el máximo tribunal de lo contencioso actúa como juez de instancia, y la revisión eventual de la tutela sólo le compete a la Corte Constitucional.

Igualmente, los recursos del Fondo Cuenta que establece el proyecto de ley, sólo pueden destinarse para los fines de la Rama Judicial determinados por la ley.