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Procuraduría conminó a autoridades locales, departamentales y ambientales a cumplir con sus obligaciones tendientes a garantizar los servicios de agua potable y saneamiento básico

Bogotá, 10 de marzo de 2008. La Procuraduría General de la Nación solicitó a los alcaldes, concejos municipales, gobernadores, asambleas departamentales y autoridades ambientales, demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

A través de la directiva 0005 del 6 de marzo del 2008, el ministerio público, en ejercicio de su función preventiva, estableció diferentes plazos para llevar a cabo dicho procedimiento de acreditación legal a partir del 30 de mayo de 2008 y durante el transcurso del presente año. Su omisión podrá ser calificada como falta disciplinaria.

Instó específicamente a los concejos municipales con el fin de que acrediten la autorización al alcalde municipal para que adelante los respectivos procesos de transformación empresarial y el compromiso de recursos de vigencias futuras dentro del marco del Plan Departamental para el manejo empresarial de los Servicios de Agua potable y Saneamiento básico, PDAS.

La Procuraduría conminó a los alcaldes, además de lo previsto en la Directiva 015 de 2005, a acreditar la inclusión de las áreas requeridas para la prestación de los servicios públicos que incluyen la disposición final, aprovechamiento y estaciones de transferencia de residuos sólidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, como parte de las estrategias para mejorar la calidad y cobertura de agua potable y saneamiento básico de las entidades territoriales.

Así mismo, las autoridades ambientales que se encargan de expedir concesiones y permisos ambientales, deberán demostrar ante el Ministerio público la expedición y vigencia de los respectivos actos administrativos en el área de su competencia, así como del estado de aprobación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, seguimiento a los Planes de Gestión integral de Residuos Sólidos y el gasto realizado en el sector.

Por su parte, las gobernaciones y autoridades ambientales deberán acreditar el compromiso de vigencias futuras de los recursos, cofinanciación y apoyo económico para garantizar la prestación de los servicios en sus respectivas regiones.

Esta Directiva 005 de 2008 es complementaria a los requerimientos hechos con anterioridad por parte de la Procuraduría General de la Nación a través de la Directiva 015 de 2005, dadas las alertas sobre la deficiente prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseso en diferentes partes del país y la carencia de información para su vigilancia y control, principalmente por parte de las entidades territoriales.