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Solicitud de extradición de alias ‘Macaco’ cumple requisitos formales

Bogotá, marzo 10 de 2008. La solicitud de extradición de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, que formuló por vía diplomática el gobierno de los Estados Unidos, reúne las exigencias formales consagradas en la ley para ser conceptuada de manera favorable por la Corte Suprema de Justicia, consideró la Procuraduría General de la Nación al presentar alegatos finales frente al caso y entregados a consideración de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El requerido, Jiménez Naranjo, es juzgado por tribunales del Distrito de Columbia y del Sur de la Florida y fue llamado a comparecer en juicio por los delitos federales de concierto para fabricar y distribuir cocaína y la intención de importarla de manera ilegal a territorio de los Estados Unidos y 20 cargos de lavado de dinero, señaló en nota verbal el gobierno estadounidense y enviada a las autoridades colombianas en octubre de 2007.

Según la Procuraduría, los documentos presentados por la Embajada de Estados Unidos en Colombia para sustentar su solicitud cumplen con los requisitos formales que exige la ley 906 de 2004, también conocida como Código de Procedimiento Penal (CPP).

Similar situación se presenta con la identidad de la persona requerida por la justicia estadounidense. De acuerdo con la solicitud de extradición que tramita la Corte, la descripción física, los nombres y apellidos, el alias, la fecha y el lugar de su nacimiento y el número de su cédula, coinciden con los datos aportados por Jiménez Naranjo en el trámite que se sigue en el máximo tribunal de la justicia ordinaria, “lo cual no deja duda en torno a la identidad del solicitado”, expresó el organismo de control en su alegato.

Para la Procuraduría, los cargos invocados por la justicia de Estados Unidos contra Jiménez Naranjo también guardan relación con las disposiciones penales internas de Colombia, tal como lo establece el CPP. En ambas legislaciones se contempla como delito el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el lavado de activos y el concierto para delinquir en casos relacionados con el narcotráfico.

Igualmente, está comprobado, a juicio del organismo de control, el cumplimiento de la formalidad de la equivalencia entre la acusación de la justicia estadounidense y la resolución acusatoria que regula el sistema procesal colombiano.

“Se observa que los comportamientos por los cuales fue acusado el requerido en extradición se encuentran relacionados en la legislación punitiva de Colombia con penas privativas de la libertad superiores a cuatro años y no corresponden a delitos políticos o de opinión, por consiguiente, el presupuesto de la doble incriminación se encuentra cumplido”, concluyó en sus alegatos el Ministerio Público.

Finalmente, la Procuraduría pidió a la Corte Suprema que exhorte al Gobierno Nacional que, en caso de conceder la extradición de Jiménez Naranjo, condicione a la justicia de Estados Unidos a que no juzgue al extraditado por hechos distintos a los que motivaron su solicitud, ni por cargos anteriores a diciembre de 1997 ni a ser sometido a destierro, prisión perpetua, confiscación, tratos crueles inhumanos, degradantes o pena de muerte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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