INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 097

Procuraduría pide a Alcalde Mayor de Bogotá hacer nuevo estudio para predios excluidos del pago de valorización

Bogotá, 10 de marzo de 2008. Adelantar un nuevo censo para verificar la condición de los predios que están excluidos del cobro de valorización por beneficio local o que están cobijados por regímenes especiales y actualizar el estatuto de dicho gravamen para que se adecue a las leyes vigentes y a la realidad social y estructural de la ciudad, recomendó el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón al Alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.

Las recomendaciones fueron hechas por el ministerio público al adelantar una labor preventiva frente a las actuaciones del IDU en relación con el cobro de la contribución de valorización por beneficio local que actualmente cursa en Bogotá, con el que se pretende financiar un plan de obras en la ciudad, y sobre el que se han registrado constantes quejas por parte de la ciudadanía.

En carta enviada al mandatario distrital, la PGN concluyó que el Acuerdo 7 de 1986 que establece el “Estatuto Orgánico de la Valorización de Bogotá” y el Acuerdo 180 de 2005 que autoriza el cobro de dicho gravamen para financiar el plan de obras están rezagados frente a otras normas legales que preveen mecanismos de intervención y participación ciudadanas tanto en la escogencia de las obras, como en el proceso mismo de fijación del gravamen.

De tal forma, sería el Concejo de Bogotá el encargado de hacer la adecuación normativa del estatuto con el propósito de que responda a las necesidades y a la realidad social y estructural de la capital del país.

El ministerio público hizo énfasis en la necesidad de prestar especial atención a las normas que implican la exclusión de la obligación o que permitan una tarifa preferencial que conlleva un pago menor para los predios favorecidos como son aquellos donde funcionan iglesias, bienes de conservación arquitectónica o de interés cultural o público como ocurre con el inmueble en donde opera la empresa 3 M y el aeropuerto Eldorado.

En el caso específico del aeropuerto, la Procuraduría consideró que si bien está legalmente excluido por ser de interés público y debe permanecer de esta manera, algunos de los bienes accesorios que se encuentran dentro de sus instalaciones, que no forman parte en sentido estricto de la infraestructura aeronáutica, deben ser excluidos de las exenciones y beneficios pues, en el caso de los locales comerciales y parqueaderos vehiculares, estos gozan injustificadamente de dicho tratamiento especial.

Concluyó que una vez surtido el censo, se deben solicitar a las autoridades que correspondan las modificaciones a las disposiciones que prevén las exclusiones o tratamientos favorables en materia tributaria para que los predios que en dicho momento no cumplan las condiciones, sean nuevamente considerados como contribuyentes normales.