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Persiste incumplimiento de la ley de cuotas en entidades del Estado que no garantizan el acceso de la mujer al empleo público

Bogotá, 7 de marzo de 2008. La Procuraduría General de la Nación encontró   73 entidades del Estado de la rama ejecutiva, legislativa, judicial, entes territoriales, alcaldías y gobernaciones que no cumplen con la Ley de Cuotas que garantiza el acceso de la mujer al empleo público.

El máximo órgano del ministerio  público en desarrollo de su función preventiva y a partir de las cifras suministradas por el DAFP, concluyó que dentro de la cifra citada aún existen 17 entidades del Estado cuyo nivel de participación de la mujer en cargos directivos y de decisión es del 0%, infringiendo gravemente la norma al no cumplir con la cuota mínima del 30 por ciento, en contravía del principio de igualdad de oportunidades y el objetivo de organismos de derechos humanos, tratados y leyes internacionales en defensa de los derechos de género.

En esta situación se encuentran entidades como el Incora en liquidación, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el Instituto de Hidrología y Meteorología IDEAM, el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbano, el Instituto Colombiano de Deporte- COLDEPORTES; el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, la Caja de retiro de las Fueras Militares, el Club Militar, el Fondo Rotatorio de la fuerza aérea colombiana, el Instituto de Casas Fiscales y  el Instituto técnico Nacional de comercio Simón Rodríguez, el Banco Agrario, Canal Regional de Televisión TV Andina, el Departamento Administrativo de Economía Solidaria, la Comisión de regulación de telecomunicaciones, la Corporación autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena y la Gobernación del Cauca.

La Procuraduría General señaló que la “Ley de cuotas” es considerada como uno de los avances más significativos en la lucha contra la desigualdad y exclusión y le otorga la posibilidad a las mujeres de participar y decidir en la construcción de la vida pública y la democracia; sin embargo aún falta un largo camino para lograr la efectividad de su cumplimiento registrándose un retroceso en materia de participación femenina en la administración pública.
 
El mejor cumplimiento de la ley de cuotas se registra en el Ministerio de Cultura con el 91 %, a nivel distrital el Hospital de Suba con el 100% y órganos de control y vigilancia del Estado como la Procuraduría General de la Nación  con 60 %;  mientras que entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y turismo solo alcanzan el 21 %, el Ministerio de Defensa el 29 %, Departamento Administrativo de Estadística 29 % y el DAS el 15 %.

Cabe destacar que la Cámara de Representantes, tiene tan solo un nivel de cumplimiento del 17 % pese a que es una de las corporaciones que debe dar ejemplo frente a la participación de la mujer en la provisión de cargos de “máximo nivel decisorio” con perspectiva de género.

En cuanto a la rama judicial, que imparte justicia no se ha logrado cumplir con lo dispuesto en la Ley 581 de 2000, pues el nivel de participación de la mujer solo alcanza el 30 por ciento, distribuido así, el Consejo Superior de la Judicatura, sala Disciplinaria el 14 %, la sala administrativa 16 %, la Corte Constitucional 11 %, el Consejo de Estado el 25 %, la Corte Suprema de Justicia 11 %, el Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses el 14%.

En informe del DAFP sobre el desempeño de la mujer en los cargos de administración pública correspondiente al año 2007 se destaca el caso del Distrito Capital, en donde de 55 entidades, solo 12 no cumplen con la ley de Cuotas. Así mismo, se registra el incumplimiento de la normatividad por parte de 11 de las corporaciones autónomas regionales, de 7 de las 32 alcaldías y 11 de las gobernaciones de los departamentos del país, Cesar 9 % y Norte de Santander 15.38 %.

La Procuraduría continuará realizando el seguimiento mediante requerimientos y visitas a las entidades que incumplen con el fin de que informen cual ha sido el motivo para no aplicar el derecho a la igualdad de oportunidades en términos del acceso de la mujer al empleo público con perspectiva de género de conformidad a la Ley 581 de 2000.