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Destituyen ex alcalde de Gigante (Huila) por sancionar
acuerdos sin cumplir requisitos de ley

Bogotá, 27 de febrero de 2008. El ex alcalde de la población huilense de Gigante, Diego Fernando Muñoz Bambagué, fue destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por 15 años al ser encontrado responsable por la Procuraduría General de la Nación de incurrir en una falta disciplinaria al sancionar tres acuerdos expedidos por el Concejo Municipal a sabiendas que no habían cumplido con los requisitos de ley en su trámite.

“Inequívocamente se está frente a una falsedad material en documento publico”, expresó en el fallo de segunda instancia, el Ministerio Público al calificar la conducta del alcalde Muñoz Bambagué frente a las irregularidades relacionadas con el trámite, aprobación, registro y sanción de los proyectos de Acuerdo 016, 021 y 022, que derivaron en los Acuerdos 016, 017 y 018 de 2004.

La decisión también determinó la responsabilidad en los hechos de trece concejales del municipio de Gigante, quienes realizaron un acuerdo, o una especie de pacto, para falsear la realidad e incluir el paquete de proyectos de Acuerdo sancionados de manera irregular por el alcalde Muñoz Bambagué como aprobados.

Los cabildantes sancionados, con suspensión entre tres y 12 meses en sus cargos, son: Luis Fernando Amézquita, Adenuaer Corredor Castañeda, Héctor Cortes Calderón, Luis Evelio Moyano, Magaly Guevara González, Orestes Bahamon Plazas, Herney Cruz Perdomo, Edgar Fajardo Ordoñez, Robinson Rodriguez Oviedo, Pablo Agustín Osorio, Yeison Ángel Montealegre, José Hever Cerquera y Jorge Martínez Palomino.

Además, por haberse prestado para incluir en la respectiva acta como aprobados los proyectos de acuerdo cuestionados, sin haber sido objeto de los debates reglamentarios exigidos por la ley, la Procuraduría también destituyó del cargo de secretaria del Concejo de Gigante a Nidia Mireya Prieto Castillo y la inhabilitó para ejercer funciones públicas por 11 años.

Los concejales adicionaron en las iniciativas recursos al Presupuesto Rentas e Ingresos y Apropiaciones para gastos de la referida vigencia fiscal, provenientes de Fisalud, Fosyga y la Secretaria de Salud Departamental.

El alcalde Muñoz Bambagué sancionó los acuerdos conociendo de antemano que las iniciativas no fueron objeto de primer debate en la Comisión Segunda ni sometidos posteriormente a consideración de la Plenaria de la corporación edilicia y omitiendo su deber legal de objetarlo, y regresarlo para que se surtiera el tramite legal correspondiente, comprobó la Procuraduría al término de la investigación disciplinaria.

Según el Ministerio Público, el alcalde Muñoz Bambagué no sólo conoció lo acordado por los concejales sino que condicionó la sanción de los Acuerdos a que se incluyera también un proyecto de Acuerdo mediante el cual se le concedían unas autorizaciones para hacer traslados presupuestales, cuando no estuviera sesionando el Concejo, aprovechándose de un pacto que le favorecía.

Aunque los concejales sancionados admitieron haber actuado de esa forma con el único fin de salvar los recursos para la salud otorgados al municipios y ampliar la cobertura del Sisben entre la población más necesitada, la Procuraduría consideró en el fallo que estas personas, por su investidura, ocupaban una de las dignidades más altas en esa municipalidad por lo que “estaban llamados a constituirse en modelo de ciudadano frente a sus congéneres en cuanto al acatamiento de las disposiciones constitucionales y legales que protegen la función pública”.

Con su conducta, agregó la decisión disciplinaria, los concejales generaron en la ciudadanía de Gigante un grado desconfianza en torno a la labor que cumple el Concejo Municipal. “Lo menos que podían esperar los conciudadanos del comportamiento de sus integrantes era que se sujetara a la Constitución Política y las leyes y no que propendieran por su vulneración”, concluyó el Ministerio Público.