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Destituido e inhabilitado por 20 años diputado de Sucre 

Bogotá, 25 de febrero de 2008. Por desviación de los recursos públicos, superiores a 52 millones de pesos, la Procuraduría Regional de Sucre destituyó e inhabilitó por 20 años al Diputado Santander Ricardo Pérez, en calidad de presidente de la asamblea departamental.

La decisión en fallo de primera instancia fue asumida en desarrollo de una audiencia pública, durante la cual el ministerio público concluyó que los contratos suscritos por el diputado, que involucraron dichos recursos no se ejecutaron materialmente en los términos pactados y por lo cual se concluye el desvió del valor total del mismo.

El entonces presidente de la Asamblea, quien actuaba como ordenador del gasto, celebró contratos con dineros del presupuesto del año 2006 estableciendo los siguientes objetos: elaboración de perfiles y proyecciones del impacto de la ley de transferencias en los recursos de los entes territoriales, por un valor de 33 millones 500 mil pesos y la elaboración de un manual de control interno, los manuales de funciones y requisitos específicos administrativos de la Asamblea de Sucre por 18 millones 750 mil pesos, para un total de 52 millones 250 mil pesos.

Los contratos fueron suscritos con la empresa Fundasam, la cual a juicio de la Procuraduría Regional de Sucre en desarrollo del proceso verbal no tenía la capacidad y experiencia para ejecutar una labor intelectual de la magnitud encomendada y pese a ello, todo lo concerniente a la escogencia del contratista, el estudio de necesidad y la ejecución del objeto contractual se realizó en un término de 7 días.

Así mismo, todo el trámite contractual radicó en cabeza del diputado Santander Ricardo Pérez, lo que para el ministerio público, viola el principio de transparencia y además incumplió el principio de responsabilidad que obliga a todos los servidores públicos a velar por el cumplimiento de los fines de contratación estatal, vigilar su correcta ejecución y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados.