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Facultades otorgadas a los municipios para prestación de servicios de Telemedicina y transporte aéreo violan la Constitución

Bogotá, 20 de febrero de 2008. El pronunciamiento hecho por el Procurador General de la Nación, dirigido a los magistrados de la Corte Constitucional, consideró que las objeciones presidenciales al proyecto de ley 199 de 2007 Senado, 201 de 2007 Cámara (actual Plan Nacional de Desarrollo) fueron presentadas dentro del plazo establecido por la Carta Política.

De acuerdo con lo establecido por el Procurador, el Congreso envió para sanción presidencial el proyecto el 30 de mayo de 2007 y el Ejecutivo lo devolvió el 29 de junio del mismo año, el mismo día que vencía el plazo fijado por la Carta Política, aduciendo razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.

Al estar el Congreso en receso en ese momento, las objeciones fueron radicadas en la Secretaría de la Cámara de Representantes, divulgadas en la página de Internet de la Presidencia y publicadas a las 6:30 de la tarde en la edición del Diario Oficial 46.674 del 29 de junio de 2007. Sin embargo, la Presidenta del Congreso decidió hacer uso del artículo 168 de la Constitución y proceder a sancionar el proyecto de ley.

En su justificación, la Presidencia del Senado explicó que las objeciones presidenciales no habían cumplido el trámite constitucional por no haber aparecido publicadas en el Diario Oficial a las ocho de la mañana del 29 de junio de 2007.

Según el Procurador el plazo establecido por la Carta Política debe tomarse como días hábiles y completos, conforme a lo establecido por la jurisprudencia constitucional. Con base en esta interpretación, las objeciones tenían plazo para su publicación hasta las 23:59 del 29 de junio de 2007.

El Gobierno había objetado el artículo sexto de la ley por ordenar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) la coordinación y la financiación con un porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de los servicios de Telemedicina y de transporte aéreo medicalizado, y otorgando a la Federación Colombiana de Municipios el manejo de estos recursos sin contar con su aval previo.

El demandante también formuló cuestionamientos de fondo, referentes a la violación del principio de unidad de materia, al encomendar la función de los servicios de telemedicina y de ambulancias aéreas a la Federación de Municipios sin contar con el aval del gobierno, “transformándola en una Institución Prestadora de Salud (IPS).

Al respecto, el Procurador consideró que las modificaciones introducidas por los legisladores con la inclusión de los proyectos de Telemedicina y transporte aéreo no contaron con el aval del Gobierno. Además, los programas a que se refieren las disposiciones tampoco mantienen el equilibrio financiero del Plan de Desarrollo. Al comprometer un porcentaje de la UPC se altera el sentido de la iniciativa original presentada por el Ejecutivo, indicó el concepto.

“El Despacho concluye que se vulneró el artículo 22 de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, norma de rango cuasi constitucional, que no podía desconocerse por el legislador a la hora de expedir la ley 1151 de 2007”, manifestó el Procurador, y solicitó devolver el Plan de Desarrollo para que tramite las objeciones presidenciales.

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