INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 065

Juez administrativo ordena entregar predio a desplazados al fallar una acción de cumplimiento presentada por la Procuraduría

Bogotá, 20 de febrero de 2008. Acogiendo los argumentos presentados por la Procuraduría General de la Nación, presentados en una acción de cumplimiento, el Juez Administrativo 37 del Circuito de Bogotá ordenó al Director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) reubicar en el predio Usaquén, localizado en el departamento de Córdoba a los miembros de 33 familias desplazadas por la violencia.

El predio que debe ser entregado a los desplazados está ubicado en jurisdicción del municipio de Montería y fue adquirido por el desparecido Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) para familias víctimas del conflicto armado seleccionadas en 1999 como beneficiarias de un programa especial denominado de relocalización. Sin embargo, el proyecto nunca se materializó y el terreno fue invadido por campesinos de la región.

“Corresponde al Incoder realizar todas las actuaciones tendientes a la recuperación del predio, primero, por cuanto éste es el dueño del mismo, y segundo porque tiene la obligación de dar cumplimiento efectivo al plurimentado programa”, al determinar el incumplimiento de la entidad del Estado de las normas citadas por la Procuraduría en el pronunciamiento judicial.

Según la decisión judicial, el Incoder debe cumplir lo estipulado en la ley 1152 de 2007, que la creó como entidad; el Acuerdo 18 del 17 de octubre de 1995, el cual establece el reglamento especial de dotación de tierras para las personas que tengan la condición de desplazados forzosos; la Ley 387 de 1997, que adoptan las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la Ley 418 de 1997, la cual consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia; el decreto 2217 de 1996, mediante el cual se establece un programa especial de adquisición de tierras en beneficio de la población campesina desplazada; y los decretos 2569 de 2000 y 250 de 2005, sobre la estabilización económica de la población desplazada.