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Destituyen cinco oficiales y un intendente de la Dipol por interceptación ilegal de comunicaciones

Bogotá, 19 de febrero de 2007. La Procuraduría General de la Nación destituyó a un General de la Policía Nacional, tres tenientes coroneles, una mayor y un intendente de la misma institución al establecer su responsabilidad en la interceptación sin orden judicial de diversas llamadas telefónicas efectuadas por periodistas, personalidades del acontecer nacional y altos funcionarios designados en el área autorizada por el Gobierno como sede para adelantar el proceso de paz con las Auc, quienes permanecían en la zona en razón a su actividad profesional o por ser este el lugar de su residencia, y fueron víctimas de la grabación indiscriminada de sus comunicaciones.

Los seis efectivos de la Policía Nacional sancionados por incurrir en faltas disciplinarias, algunas descritas en la ley como delitos, son: el General Guillermo Julio Chávez Ocaña, director de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol); el Teniente Coronel Luis Antonio Ruda Velosa, jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol; el Teniente Coronel Jairo Noe Ariza González, jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol; el Teniente Coronel John Lizarazo Suárez, jefe del Grupo de Seguridad Interior y la Mayor Gloria Lucia Otálora Gómez, jefe del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol.

El miembro del nivel ejecutivo también sancionado es la intendente Alisneider Gómez Rondón, quien hacia parte del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol y ejercía como administradora del servidor de la entidad. Contra el efectivo, también se impuso una inhabilidad de 18 años para ocupar cargos públicos.

El general Chávez Ocaña, según el fallo, deberá, igualmente, cumplir una inhabilidad general de 16 años para ejercer funciones públicas; igual medida se tomó contra el teniente coronel Ariza González. Al teniente coronel Ruda Veloza se le impuso una inhabilidad de 13 años y a la mayor Otálora Gómez de 18 años.

Aunque las interceptaciones ilegales ocurrieron durante los años 2005 y 2007, la Procuraduría centró sus investigaciones en las comunicaciones que fueron filtradas a los medios de periodísticos en mayo de 2007 para mantener en el anonimato de las personas víctimas de este monitoreo ilegal y proteger su derecho a la intimidad.

En este caso, concluyó el Ministerio Público, los miembros de la Dipol investigados desconocieron los derechos fundamentales de quienes participaban en las negociaciones de paz, de los visitantes que ingresaban a las zonas de ubicación previstas con la debida autorización de las instancias gubernamentales encargadas del proceso y de los residentes de la zona.

La Procuraduría encontró, además, como conductas conexas, la existencia de funcionamientos inadecuados de los medios de vigilancia física como tarjetas de acceso y cámaras de vigilancia, ingreso indiscriminado por bloques al repositorio de información de inteligencia, la ausencia de backup adecuados y falta de seguimientos a los logs de seguridad en el manejo de la información reservada a cargo de la Dipol, lo cual facilitó la filtración de información y el borrado de evidencia con el ánimo de entorpecer los controles y las investigaciones.

Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional, señalo la Procuraduría al fundamentar la decisión, la Corte ha establecido que la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, en particular, por agentes del Estado, requiere de orden judicial y excluye de estas decisiones a la autoridad administrativa.

Nada autorizaba a estos servidores públicos, reiteró la Procuraduría en el fallo, que desconocieran la prohibición de interferir comunicaciones privadas en presencia de un proceso de paz y en el cual cada organismo judicial y de la Fuerza Pública cumplía sus funciones, incluyendo la Dijin y la Fiscalía General de la Nación.

Para el Ministerio Público, la actividad de inteligencia se debe cumplir bajo la tutela permanente de la Constitución y en el marco de los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos y en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Adjunto se incluye la lista de los reportes técnicos de las personas cuyas comunicaciones fueron interceptadas (los textos y contenidos de estas comunicaciones fueron apartados de la investigación). Sin embargo, se aclara que en las inspecciones adelantadas se detectó que hubo más de 1.900 registros que fueron borrados y no recuperados, y que posiblemente hayan sido filtrados.

Consulte el listado de personas cuyas comunicaciones fueron interceptadas