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Permitir que particulares actúen como agentes encubiertos es inconstitucional

Bogotá, 13 de febrero de 2008. Permitir que particulares actúen como agentes encubiertos en las investigaciones criminales vulnera la Constitución, las disposiciones superiores sobre la administración de justicia y las competencias de la Fiscalía General de la Nación en su labor de coordinar y delegar las funciones de policía judicial, consideró la Procuraduría General de la Nación al solicitar que se excluya esta disposición del Código de Procedimiento Penal.

En un concepto enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio Público pidió a los magistrados eliminar del artículo 242 de la Ley 906 de 2004 la expresión “o, incluso particulares”, y los incisos uno y dos, al concluir que mantenerlos en el ordenamiento jurídico vulnera los derechos fundamentales a la dignidad, la intimidad y el debido proceso consagrados en la Carta Política y en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.

“Autorizar a un particular a realizar actuaciones propias de la Policía judicial y a utilizar medios de invasión de la intimidad de las personas en actividades que son una función pública de carácter exclusivo vulnera el ordenamiento superior”, precisó la Procuraduría en el concepto.

En el pronunciamiento se acogieron los planteamientos esgrimidos en una demanda de constitucionalidad presentados por dos ciudadanos contra la disposiciones que delimitan la actuación de agentes encubiertos. Según el artículo 242, la Fiscalía, en desarrollo de una investigación criminal, podrá ordenar la utilización de funcionarios de policía judicial o de particulares para “intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del imputado o indiciado y si fuere necesario, adelantar transacciones con él”.

Según los demandantes, permitir que los particulares actúen como agentes encubiertos vulnera, además, disposiciones que hacen parte del bloque de constitucionalidad, entre ellos, el Pacto Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para la Procuraduría, el tema de los agentes encubiertos es nuevo en la legislación colombiana y está más restringido que en otros países. “Son el último recurso al que acude el Estado para la investigación de los delitos y de manera excepcional, subsidiaria, restringida y vigilada se autoriza ejercerla a funcionarios especializados”.

Por esta razón, solamente los servidores públicos pueden ejercer esta facultad ajustándose al ordenamiento superior. Son los únicos, según la ley, a quienes se les permite funciones de policía judicial dentro de unos parámetros previamente señalados como el de ser designados expresamente por el jefe del organismo al que estén vinculados y actuar bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación. Además, deben cumplir estrictos protocolos y actuar bajo autorizaciones administrativas y judiciales, indicó el concepto.

Sin embargo, esta posición no excluye la posibilidad de que particulares colaboren con la administración de justicia en forma voluntaria o desinteresada, o por beneficios penales. También recordó que la ley autoriza a cualquier ciudadano para ayudar a la captura en flagrancia de quien comete un delito, siendo este un deber de solidaridad o el ejercicio de la legítima defensa.

Otra forma de colaboración es la del informante, actividad que tampoco vulnera el ordenamiento constitucional. En estos casos, el Estado no tiene ninguna responsabilidad por sus actuaciones, el contacto directo o indirecto que establece el particular con la información sobre actividades delictivas no surge de la iniciativa de las autoridades ni cuenta con respaldo o autorización oficial y se puede constituir en una prueba legal, señaló la Procuraduría.

“La figura del informante puede cumplir la finalidad de poner sobre aviso a las autoridades para que ellas dispongan de operaciones especiales con el fin de recoger los hechos, los elementos materiales probatorios y la evidencia física sin necesidad de convertirlo en un agente”, concluyó el concepto.