INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 049

Pliego de cargos a coordinador de Policía Judicial, Cecan

Bogotá, 13 de febrero de 2008. Por obstaculizar el desarrollo de una investigación e incumplir una decisión judicial al negarse a entregar la información solicitada por la Procuraduría Regional de Risaralda, la Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos contra el mayor Álvaro Andrés Mejía Giraldo, en su condición de coordinador de la Policía Judicial, CECAN, grupo del cuerpo élite especializado para el cartel del Norte del Valle.

La Procuraduría Regional de Risaralda requirió del oficial de la Policía dicha información, en desarrollo de una investigación adelantada a raíz de las denuncias sobre supuestas irregularidades relacionadas con el operativo militar para lograr la captura de los narcotraficantes Diego León Montoya y Wilber Varela.

La solicitud de la información fue hecha a través de varios oficios enviados a la Dirección de Policía Judicial de la Policía Nacional, DIJIN, durante el 2005 con el fin de obtener información sobre el operativo que se realizó el 24 de marzo de ese mismo año en la finca denominada “El Garcero” del municipio de Zarzal- Valle.

A dicho requerimiento, el mayor Mejía Giraldo decidió no aportar la información argumentando motivos de seguridad y de integridad física de los miembros de la fuerza pública y sus familiares pues la misión adelantada por el Comando Especial para el cartel del norte del Valle, Cecan era desmantelar los grupos criminales.

Al elevar el pliego de cargos, el ministerio público consideró que el mayor Mejía Giraldo actuó en contravía al decreto 1798 de 2000 vigente para la época, el cual califica su actuación como una obstaculización de las investigaciones o decisiones que realicen o profieren las autoridades administrativas o judiciales y así mismo, se actuó en contravía del artículo 34 de ley 1015 de 2006 que habla sobre el incumplimiento de cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o función obstaculizar su ejecución.

El ministerio público señaló que si bien se establecían unas medidas de seguridad dada la peligrosidad de la misión, dichos argumentos no pueden justificar la omisión de colaboración que requería la autoridad disciplinaria y con la cual se obstaculizó en forma grave la investigación adelantada por la Procuraduría Regional de Risaralda.