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Corte acepta revisar tutela que negó creación de programa de protección a victimas de Justicia y Paz por insistencia de la Procuraduría

Bogotá, 12 de febrero de 2008. La Corte Constitucional acogió la solicitud de insistencia hecha por la Procuraduría General de la Nación en la acción de tutela que pide implementar y ejecutar un programa especial de protección de víctimas y testigos en los procesos de la Ley de Justicia y Paz como mecanismo de amparo a los derechos fundamentales de las mujeres y las familias víctimas del conflicto armado.

La tutela fue instaurada por Patricia Buriticá Céspedes, Comisionada de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y más de 600 familias víctimas de la violencia, contra el Ministerio del Interior y de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

A juicio del Jefe del Ministerio Público la Corte Constitucional debe pronunciarse por constituir uno de los asuntos de mayor trascendencia en el país: la protección de las víctimas y de los testigos en los procesos que se adelantan en el curso de la Ley de Justicia y Paz y en el esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Las tutelantes presentaron como hechos para fundamentar su petición el asesinato de cuatro mujeres que han acompañado a las víctimas en el curso de los procesos, y las graves amenazas que pesan sobre las demás líderes. Según ellas, la condición de núcleo de sus familias, al tener bajo su responsabilidad el cuidado de sus hijos menores de edad debido a las situaciones del conflicto armado, las hace merecedoras de un programa de protección.

Para el Procurador, la petición de un programa de protección de víctimas “es una responsabilidad colectiva que evitaría la degradación y revictimización sucesiva de sus derechos”.

El recurso de amparo fue otorgado en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 13 de agosto de 2007 y tuteló los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de las accionantes y ordenó al Ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, y al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, que en el término de 30 días diseñaran, implementaran y ejecutaran un programa de protección de víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz.

La sentencia fue apelada y el Consejo de Estado y en fallo de segunda instancia revocó la decisión inicial argumentando falta de legitimidad de algunas de las demandantes y no haber sido invocados sus derechos por medio de una acción de cumplimiento.