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Solicitan la revocatoria directa del acuerdo que cambia
destinación del predio Carimagua en el Meta

Bogotá, 11 de febrero 2008. La revocatoria directa del Acuerdo que autoriza al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) adelantar programas y proyectos para iniciar cultivos a escala agroindustrial en las 17 mil hectáreas del predio denominado Carimagua, ubicado entre los departamentos de Meta y Guaviare, pidió la Procuraduría General de la Nación al ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva.

La solicitud la elevó el ministerio público al considerar que el acto administrativo cuestionado no preserva los fines superiores consagrados en la Constitución por cambiar la destinación de la cesión del terreno, que inicialmente se iba a entregar a una población de desplazados, para desarrollar un proyecto empresarial.

Según los argumentos esgrimidos por la Procuraduría en la solicitud de revocatoria, el Incoder debió contribuir con las demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada a superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno, tal como lo ha ordenado en sus sentencias y en su jurisprudencia la Corte Constitucional.

El Incoder, expresó el organismo de control en la petición, no canalizó ni racionalizó esfuerzos para garantizar los derechos de los desplazados y la crítica situación que han vivido en el departamento del Meta ni tuvo en cuenta su condición especial como víctimas del conflicto armado, los cuales le confieren derechos específicos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Al cambiar la destinación del predio Carimagua, el Consejo Directivo del Incoder, no solo vulneró los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación de estas personas, sino que impidió que recibieran la mínima atención del Estado enmarcado en el deber de solidaridad por lo que el acuerdo cuestionado está en contravía del interés público y social.

“El Consejo Directivo del Incoder, y su gerente general, no dieron muestra alguna de querer cumplir con los deberes establecidos en la Constitución, lo cual se corrobora con la solicitud del cambio de destinación del predio Carimagua que hicieron al (Instituto Colombiano Agropecuario) ICA”, estableció la Procuraduría al concluir que el acto administrativo no se ajusta al principio de legalidad, al bloque de constitucionalidad ni a lo exigido por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T- 025 de 2004 y los respectivos Autos proferidos para lograr la eficacia de la decisión.