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Del Código Penal Militar se debe excluir delitos no relacionados con el servicio

Bogotá, 6 de febrero de 2008. Las objeciones presentadas por el Presidente de la República a diez artículos del proyecto de ley por el cual se expide el Código Penal Militar, deben ser consideradas fundadas por la Corte Constitucional y declararlas contrarias a la Carta Política de 1991.

La solicitud al alto tribunal está contenida en un concepto entregado por el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, en el cual advierte que le asiste razón a la Presidencia de la República al objetar las disposiciones por considerar que atentan contra las normas previstas en el Derecho internacional Humanitario (DIH) y la Corte Penal Internacional (CPI).

El Jefe del Ministerio Público expresa su sorpresa por el argumento esgrimido para justificar la redacción del artículo 3 del proyecto. Los legisladores, aseguró, citaron en la exposición de motivos la existencia de una sentencia de la Corte Constitucional mediante la cual se consideró la exequibilidad condicionada de la disposición del Código que se busca reformar y que tiene esa misma redacción.

Sin embargo, la Corte debió emitir una sentencia interpretativa en ese momento para mantener la disposición en el ordenamiento jurídico, debido a que tal como estaba redactada permitía varias interpretaciones, muchas de ellas inconstitucionales. “Pero nos encontramos ante un proyecto de ley de reforma y se esperaría que no se repitan los errores cometidos por el legislador anterior y se dé a la norma una redacción clara y precisa que facilite su aplicación eliminando ambigüedades, imprecisiones o errores”, aseguró el Procurador.

En el concepto advirtió además que de consagrarse esta redacción imprecisa se generaría un nuevo debate sobre su constitucionalidad, teniendo en cuenta que la disposición sobre la cual se pronunció la Corte, la Sentencia C-878 de 2000, quedaría derogada por el nuevo Código.

En el caso de los artículos 155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 172, y 173, el Procurador insistió que estas conductas no están relacionadas con el servicio, por lo tanto, no pueden ser de conocimiento de la justicia penal militar sino de la justicia penal ordinaria.

Estas disposiciones consagran conductas como la devastación, el saqueo, la requisición arbitraria y con omisión de las formalidades, la exacción, las contribuciones ilegales, la amenaza a testigos y el ocultamiento, alteración o destrucción de elementos material probatorio que por ser delitos contra la población civil también deben ser asumidos por la justicia ordinaria.

“Resulta insostenible considerar, como lo hace el Congreso, que la inclusión en este código se justifique para defender la población civil en tiempo de paz, aludiendo que las disposiciones del DIH se aplican únicamente en tiempo de guerra. En uno y otro caso las conductas no se relacionan con el cumplimiento de las funciones constitucional y legalmente asignadas a la fuerza Pública y por tanto, independientemente de la situación de guerra o paz, no son de competencia de la Justicia penal militar”, concluyó el Jefe del Ministerio Público en el concepto.

Según el Ejecutivo, el artículo 3 del proyecto de ley 111 de 2006 Senado – 144 de 2005 Cámara, el cual establece cuales son los delitos no relacionados con el servicio, no excluye el conocimiento de todas las conductas violatorias de los derechos humanos, contrarias a la función constitucional de las fuerzas castrenses y a las infracciones al DIH.

Estos hechos, asegura la objeción presentada por el Primer Mandatario, deben ser asumidos por la justicia común teniendo en cuenta el carácter restrictivo y excepcional de la jurisdicción Penal Militar.

Frente a los nueve artículos restantes, las conductas objetadas, a juicio del Gobierno, no pueden ser consideradas relacionadas con el servicio y deben ser eliminadas del Código Penal Militar, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional.