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Es urgente reformar la Ley de Conciliación para modernizar este mecanismo alternativo de justicia

Bogotá, 31 de enero de 2008. Reformar la Ley 640 de 2001 o Ley de Conciliación para corregir los defectos que presenta su articulado, puesto en evidencia en diez sentencias de constitucionalidad, y modernizar la legislación sobre la materia, fue la propuesta concreta que lanzó el Procurador General de la Nación durante la instalación en Bogotá del Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia.

El nuevo ente tendrá la tarea de servir como organismo asesor del gobierno en materia de acceso a la justicia y en el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, está adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia y lo integrarán doce miembros, entre ellos, el Jefe del Ministerio Público o su delegado.

También harán parte del Consejo el Fiscal General de la Nación, los ministros de la Protección Social, Educación y del Interior y de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dos miembros de los centros de conciliación y uno de los consultorios jurídicos de las universidades, de las casas de justicia y los notarios.

A juicio del Procurador, la nueva regulación en esta materia debe incluir la conciliación agraria, arbitral y adoptar medidas que la fortalezcan en asuntos de lo contencioso administrativo.

Para el Jefe del Ministerio Público, es necesaria y urgente la implementación de una política de Estado encaminada a extender el uso de la conciliación y de otros mecanismos alternativos para lograr un país más incluyente, democrático y justo.

También consideró prioritario el análisis del proyecto de ley mediante el cual se pretende regular el arbitraje en Colombia. Esta modalidad de justicia, en particular, la orientada a la solución de controversias derivadas de contratos estatales, merece sustanciales reformas en su trámite y en su regulación “para acabar de esta manera con la denominada soberanía arbitral”

En este momento, aseguró el Procurador, agentes del Misterio Público actúan como conciliadores en asuntos civiles, de familia y de lo contencioso administrativo.

En un año, la Procuraduría celebró 3.919 acuerdos conciliatorios en asuntos del contencioso administrativo en el que se discutieron cuantías por 200 mil millones de pesos con un ahorro patrimonial para las arcas públicas de 50 mil millones de pesos.

En materia civil, ha tramitado en Bogotá más de 500 solicitudes en un año por lo que la Procuraduría implementará otros centros de conciliación en Barranquilla, Cali y Medellín con la autorización del Ministerio del Interior y de Justicia.

Mientras que los procuradores de familia recibieron en un año más de 4 mil solicitudes y en 1.306 casos celebraron acuerdos conciliatorios.