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Por homicidio de la jueza de Becerril, Cesar, confirman destitución de dos ex alcaldes

Bogotá, sábado 26 de enero de 2008. Por su participación en el homicidio de la jueza del municipio de Becerril, Marilis de Jesús Hinojosa Suárez, y colaborar con las actividades de grupos armados ilegales en esa región del país, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción contra el ex alcalde de esa población del departamento del Cesar, Jhonny Amaya Amaya, con destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 20 años.

La decisión, tomada en segunda instancia por el Ministerio Público, también cobijó al ex alcalde del municipio de Codazzi, Cesar, Tomás Ovalle López, quien fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos por incumplir su deber auspiciando y colaborando con organizaciones al margen de la ley.

Según el fallo, la obligación de los ex funcionarios sancionados era la de no tener relación alguna con los miembros de las organizaciones paramilitares asentadas en los municipios de Codazzi y Becerril, y denunciar ante las autoridades judiciales su ubicación y las actividades que estaban desarrollando.

Y en el caso específico del ex alcalde Amaya Amaya, la Procuraduría estableció que concertó con miembros de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá “Frente Mártires de Upar”, la ejecución del homicidio de la jueza Hinojosa Suárez, ocurrido el 27 de enero de 2003, en la vía que conduce de Codazzi a Becerril. El asesinato lo cometieron varios hombres que se movilizaban en una camioneta burbuja color verde que la interceptó, y después de una corta persecución, fue alcanzada y acribillada.

La servidora judicial asesinada se desempeñaba como Juez Promiscuo y, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el móvil de su asesinato fue político. Al parecer, los autores del crimen pretendieron de esa forma obligar a un sobrino de la víctima a renunciar a sus aspiraciones a la Alcaldía de Becerril. Esa candidatura obstaculizaba los planes del grupo paramilitar de conseguir ese cargo con un aspirante propio para lograr el control del municipio.

El organismo de control pudo establecer en el curso de la investigación disciplinaria, que los ex alcaldes Amaya Amaya y Ovalle López mantuvieron vínculos directos y cercanos con los reconocidos jefes paramilitares alias “Tolemaida”, “Javier” y Luis Fernando Machado, conocido cómo “CHIPI”, considerados por las autoridades judiciales como los autores intelectuales y materiales del homicidio de la jueza Hinojosa Suárez.