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Procuraduría solicitó embargo de activos de nueve
empresas de transporte público de Bogotá

Bogotá, 22 de enero de 2008. Embargar las cuentas y la totalidad de los activos que poseen nueve empresas de transporte público de Bogotá, cuyos gerentes fueron acusados por la Fiscalía del delito de abuso de confianza calificado por incumplir la entrega de los recursos que debían invertirse en el mejoramiento de la calidad del servicio urbano de pasajeros en la capital del país, reiteró la Procuraduría al fiscal a cargo de la investigación.

En un concepto, el agente especial del Ministerio Público consideró que la medida es necesaria para garantizar el restablecimiento del derecho, presuntamente violado por los representantes legales de las empresas transportadoras al no transferir al Distrito Capital los montos correspondientes, e impedir un perjuicio mayor.

La Procuraduría pidió, además, el embargo de un valor adicional del 50 por ciento de los valores que debieron entregar como factor de calidad, el cual fue estimado en 7.649, 9 millones de pesos de acuerdo con las pruebas obtenidas en el curso de la investigación penal.

Las empresas sobre quienes debe decretarse el embargo de sus activos son: la Compañía Metropolitana de Transportes S.A. y la Compañía de Buses Rojos Ltda., Empresa de Transporte Automotor Moderno Público Asociados D.C. Tampa D.C. S.A., Sontranmiur Sociedad Mixta Urbana, Unión Cooperativa de Trabajadores de Transporte Ucootrans Ltda., Cooperativa Integral de Transportadores de Niza Ltda. Cootransniza, Empresa Transportadores Radio Taxi Confort S.A. Transconfort S.A., Contransflorida Ltda., Transportadores Fontibón S.A. y Cooperativa de Transportes Socorro Cootranssocorro.

Los representantes legales de estas empresas fueron acusados por el Fiscal Seccional 187 de Bogotá en diciembre pasado por el delito de abuso de confianza tras establecer que estas personas violaron la ley en el manejo del dinero recaudado por concepto del factor para el mejoramiento de la calidad del servicio.

El recaudo del dinero fue ordenado por la Alcaldía Mayor mediante el decreto 259 de agosto de 2003 y tenía por objeto la reducción de la sobreoferta vehicular. Estos recursos debían invertirse conforme a lo dispuesto en el decreto 115 del mismo año. De acuerdo con ambas normas, las empresas de transporte debían constituir una fiducia mercantil para administrar e invertir estos recursos.

El factor de calidad estaba dirigido a suministrar los recursos necesarios para comprar los vehículos que iban a ser retirados de circulación

Las empresas no cumplieron con lo dispuesto en los decretos, consignaron el dinero en cuentas bancarias propias dándole un manejo diferente a lo establecido o simplemente apoderándose de los mismos. Esta conducta generó un aprovechamiento ilegal de los recursos destinados a la modernización del transporte público en la ciudad.

En concepto de la Procuraduría, los gerentes acusados incurrieron en un delito continuado. La conducta ilegal se configuró con la decisión de no cumplir el decreto 115 de 2003 sobre efectuar las transferencias periódicas de las cifras recaudadas al Fondo de Mejoramiento de Calidad y fue reiterada en el tiempo al no cumplir con los plazos.

Los representantes legales de las empresas adquirieron una función por reconocimiento de la autoridad pública: recaudar los recursos que componían el factor de servicio, recibirlos de los conductores y efectuar las transferencias a las fiducias abiertas para ese fin, pero se apropiaron e hicieron un uso indebido de estos dineros, desplegaron actos de dominio y dispusieron de los montos en forma contraria a lo dispuesto en las normas que los facultaban para efectuar el recaudo.

Con esta conducta atrasaron los programas y proyectos de movilidad causando un daño social contínuo.