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Procurador advierte a gobernadores y alcaldes dar prioridad a infancia y adolescencia

Bogotá, 18 de enero de 2008. La Procuraduría General de la Nación instó a los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales del país elaborar en los cuatro primeros meses de sus gobiernos un diagnóstico de las problemáticas de la niñez, y la adolescencia y priorizar su atención a través de estrategias en los Planes de Desarrollo.

El titular del ministerio público, Edgardo José Maya Villazón a través de una directiva, exhortó a los mandatarios departamentales y municipales para que de esta manera con estrategias a corto, mediano y largo plazo se de cumplimiento a las normas contenidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia.

La decisión se soporta en la tragedia que padece la infancia y la adolescencia colombiana, la cual se refleja en un estudio reciente del ministerio público, el cual registra que en Colombia hay más de 50 mil padres irresponsables que no quieren reconocer a sus hijos. Así mismo, la Procuraduría logró que durante los últimos tres años fueran registrados más de 20 mil niños y niñas mayores de un año que no existían para el Estado.

De igual forma, detectó que existen más de 4.500 niños de difícil adopción y que de los 4.300 adolescentes que se encuentran en centros cerrados privados de la libertad, más de 2.700 son padres de 2 y 3 hijos.

En el estudio de la PGN se señala que la Policía Nacional en el año 2006 capturó más de 72 mil jóvenes entre los 16 y 20 años de edad y que en el programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF orientado a la atención de niños en el conflicto armado han sido atendidos 3.414.

Tomando en consideración dicha realidad, el Procurador Maya Villazón recordó que de acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia se entienden por políticas de infancia y adolescencia, el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la participación de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias.

Así mismo, conminó a las asambleas departamentales y concejos municipales a que den estricta observancia a las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994 y a la ley 1176 del 27 de diciembre de 2007 referente al sector de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico y los criterios y destinación de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones con el fin de proveer de servicios de buena calidad y cobertura a los niños, niñas y adolescentes del país.

Reiteró que dichas políticas públicas tienen que tener como objetivo la orientación de las acciones y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que hagan posible el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas y los adolescentes, como sujetos en ejercicio responsable de sus derechos.
Finalmente anotó que no hay que olvidar que la omisión por parte de los funcionarios enunciados según el Código de Infancia y Adolescencia, será sancionada disciplinariamente como causal de mala conducta.