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Conciliación entre el Inco y contratista viola la ley y lesiona intereses del Estado

Bogotá, 10 de enero de 2008. Por violar el ordenamiento jurídico colombiano e incumplir disposiciones reguladoras previstas en las normas de contratación estatal, la Procuraduría  General de la Nación instauró una acción de tutela contra el acuerdo conciliatorio celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y la sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A.

El acuerdo conciliatorio fue aprobado por un tribunal de arbitramento convocado por el contratista y conformado por los juristas David Luna Bisbal, quien ejerció como presidente, Carlos Martínez Simahan y Jorge Ignacio Pretil Chaljub, desconociendo las reglas de la conciliación en nuestro país, aseguró el Ministerio Público al cuestionar la decisión judicial.

En la tutela, la Procuraduría solicitó que se deje sin efectos la decisión emitida el 22 de noviembre de 2007 por los miembros del tribunal de arbitramento para  impedir la celebración de un nuevo contrato entre las partes como medida de amparo a los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia “para evitar consecuencias nocivas”.

En la decisión, aseguró la Procuraduría, el tribunal sustituyó el contrato inicial por otro con un objeto totalmente distinto, le concedió al contratista un trayecto vial de mayor extensión al pactado antes, y bajo unas condiciones de explotación que implican un cambio en el modelo económico pactado, y con unas exageradas utilidades en detrimento del Estado.

Como fundamento de sus pretensiones, el organismo de control alegó que “so pretexto de la conciliación se celebró un nuevo contrato que excede las pretensiones de la demanda y de la claúsula compromisoria”. Además, el valor estimado pasó de 440.641.1 millones a 2.3 billones de pesos para 24 años de ejecución.

De aprobarse el acuerdo, la Procuraduría estima que también se vulneraría el derecho a la igualdad de aquellos proponentes que participaron en la fase de adjudicación del contrato, quienes participaron en el proceso sin tener a su favor estas condiciones.

El contrato que dio origen al acuerdo conciliatorio fue suscrito entre el Inco y la Concesión Sabana de Occidente S.A. en 1994 para la elaboración de los estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera Bogotá – La Vega en Cundinamarca.

Según los contratistas, en el desarrollo del contrato se había roto el equilibrio económico por la situación vehicular deficitaria que se venía presentando y la instalación de una caseta de peaje en un lugar distinto al inicialmente acordado.

La decisión del tribunal no fue unánime, el abogado Martínez Simahan salvó su voto y se apartó de la decisión acogiendo las consideraciones expuestas por el Ministerio Público.