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Las CAR exigen a ciudadanos requisitos ambientales no contemplados en la ley, revela estudio de la PGN

Bogotá, 9 de enero de 2008. Permiso ambiental para la construcción de una biblioteca virtual, autorización ambiental para el reencauche de llantas, permiso para cortar algunos especimenes de cafeto y permiso de perifoneo en espacio público, son algunos de los requisitos creados y exigidos ilegalmente por las Corporaciones Autónomas Regionales de algunos departamentos del país.

Adicionalmente, los costos de muchos de estos trámites y autorizaciones, no previstos en las normas vigentes, han tenido que ser asumidos por los ciudadanos.

Estas y otras anomalías fueron evidenciadas por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios que realizó un seguimiento a los actos administrativos expedidos por estas entidades entre el año 2000 y 2004, relativos al otorgamiento de licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones, aprobaciones y asociaciones y encontró que muchos de éstos permisos y autorizaciones carecen de sustento legal que los respalde.

Dentro de las irregularidades detectadas por la Procuraduría cabe mencionar el caso de la autorización exigida para la siembra de yuca, figura creada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que además de no tener sustento en una norma legal superior, atenta contra el principio de igualdad y crea una desigualdad no justificable con los demás agricultores de yuca del país.

Dentro de los casos también se destaca el que tiene que ver con la autorización exigida por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para permitir la limpieza o recocería del rastrojo que crece en un lote ubicado en el barrio Manuela Beltrán del municipio de Soledad (Atlántico), mediante la Resolución 063 del 6 de marzo de 2002; la licencia ambiental para la construcción y funcionamiento de un establecimiento de comercio en el departamento del Quindio y la exigencia de lineamientos ambientales para pavimentar, mejorar o acondicionar vías urbanas y rurales, exigidos por ocho Corporaciones Autónomas.

En otros casos, se encontró que los conceptos, como el de viabilidad ambiental entre otros, han sido mal empleados por algunas autoridades ambientales, y en consecuencia genera una falta de precisión conceptual sobre lo que se está otorgando.

«Otra de las figuras empleadas por las Corporaciones Autónomas Regionales es el denominado aval. Es el caso de la Corporación Autónoma regional del Sur de Bolívar que ha expedido actos administrativos cuyo objeto consiste en otorgar aval ambiental y establecer directrices ambientales para la construcción o reconstrucción de obras civiles tales como carrilón, bolsacreto, dique, mantenimiento botadero de residuos sólidos, canalización de arroyo y mejoramiento de vía».

Tras revisar la legislación ambiental vigente, para la época de los hechos la Procuraduría no encontró que exista norma jurídica alguna de orden nacional que establezca la figura del aval ambiental.

Para el ministerio público no es posible aceptar jurídicamente en un Estado Social de Derecho que cada autoridad ambiental regional cree requisitos para el desarrollo de proyectos, obras o actividades cuando ni la Carta Magna ni la Ley nacional le han otorgado esta competencia.

El ministerio público advirtió que el argumento de la protección social no puede convertirse en la herramienta para que las Corporaciones Autónomas asuman facultades que las normas superiores han conferido a otras instancias de Estado Colombiano y manifestó además que «el régimen de autonomía enunciado por el constituyente y desarrollado por el Legislador para las Corporaciones Autónomas regionales es relativo y tiene límites constitucionales».