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Inhabilitan ex alcalde de Fosca por participación en política

Bogotá, lunes 7 de enero de 2008. Inhabilidad para ocupar cargos públicos durante 14 años y destitución como alcalde del municipio de Fosca, impuso la Procuraduría General de la Nación a Edgar Eduardo Riveros Rey al ser encontrado responsable de favorecer la candidatura de uno de los aspirantes a sucederlo en sus funciones en las elecciones de octubre de 2003.

Según la investigación, el alcalde Riveros Rey utilizó su cargo para influir en proceso electoral en fosca. Su conducta permisiva en la utilización de la maquinaria del municipio en trabajos a particulares para la apertura de vías a cambio de su voto favoreció al entonces candidato Carlos Eduardo Álvarez Chawez, quien posteriormente ganó la elección. 

También implementó en plena campaña política un programa de mejoramiento y construcción de vivienda rural y urbana, y saneamiento básico, favoreciendo a seguidores del candidato Álvarez Chawez.

La Procuraduría estableció que la maquinaria del municipio tuvo una inusual actividad durante los meses en que también se desarrollo la campaña electoral, previa a las elecciones del 26 de octubre de  2003 con un alto consumo de combustible. También comprobó que la mayoría de particulares favorecidos con los trabajos habían expresado en forma pública su preferencia por el candidato Álvarez Chawez.

Además, el Ministerio Público encontró que quienes resultaron beneficiados con el programa de vivienda y saneamiento básico fueron, en su mayoría, seguidores del candidato Álvarez Chawez. Lo prueba el hecho que de los 10 convenios interadministrativos suscritos con la gobernación para llevar a cabo el programa de vivienda y saneamiento básico, es en el año 2003, y en particular, en los meses en los que se desarrolló la campaña por la Alcaldía, los de mayor proporción en la adición de recursos para estas inversiones mediante sucesivas modificaciones al presupuesto.

Igualmente, se evidenciaron falsedades y alteraciones en las listas de adjudicaciones del programa, en la que intervino el alcalde Riveros Rey. En los folios analizados, aparece junto al nombre del beneficiario una firma del investigado como aval, y en la mayoría de los casos, estas personas no reunían los requisitos para acceder a los beneficios por contar con recursos para vivir en condiciones dignas o ya poseían vivienda.