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AUTO QUE DECIDE SOBRE DERECHO DE PRESCRIPCIÓN

Destituidos e inhabilitados ex alcalde de Gutierrez y ex personera de Pacho, Cundinamarca 

Bogotá, sábado 5 de enero de 2008. Por indebida participación en política, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad al ex alcalde del municipio de Gutiérrez (Cundinamarca) Pablo Emigdio Rodríguez Rojas, a la personera del municipio de Pacho (Cundinamarca), Ana Rocío Linares Palacios, y a tres funcionarios más de la administración municipal de Gutiérrez.

En fallo de primera instancia, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, determinó que durante las elecciones del 26 de octubre del 2003, los exfuncionarios pusieron a disposición de la campaña política del entonces candidato a la alcaldía de Gutiérrez (Cundinamarca) Rubiel Sabogal, a la postre electo alcalde de dicho municipio, bienes del estado, tales como materiales para la construcción pertenecientes a los programas de saneamiento ambiental y mejoramiento de vivienda promovidos por ese administración, además de los vehículos y maquinaria de propiedad del municipio.

En la decisión, el ministerio público destituyó del cargo al alcalde del municipio de Gutiérrez, (Cundinamarca) y lo inhabilitó por el término de 15 años. De igual forma, ordenó la destitución e inhabilidad general por el término de 12 años contra Jhon Fredy Gómez Quevedo, jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo de la Infraestructura de Gutiérrez; María Margarita Guasca Cantor, Jefe de la Oficina Asesora y de Gobierno del municipio de Gutiérrez; Wilson Oswaldo Cruz Moreno, Director (E) de la UMATA  y Ana Rocío Linares Palacio, Personera del municipio de Pacho, (Cundinamarca), para la época de los hechos.

Para la Procuraduría en primera instancia quedaron probadas y demostradas las conductas que configuran indebida participación en política en contravía al artículo 110 de la Constitución Política que prohíbe expresamente ese tipo de comportamientos al señalar “se prohíbe a quienes desempeñen funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura”.

De igual forma los ex funcionarios transgredieron el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único que considera, entre otras conductas, como falta gravísima el utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas.

 

 

006-08

Pliego de cargos contra funcionaria de la contraloría general por presunta violación al régimen de inhabilidades

Bogotá, domingo 6 de enero de 2008. 8:00 a.m. Por celebrar un contrato con una entidad del sector financiero que administra recursos públicos en la que tiene una participación mayoritaria de las acciones, la Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos contra Cielo Cecilia Arrieta Vizcaino, Profesional Grado 1 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República.

Para la Procuraduría, la funcionaria se encuentra presuntamente incursa en un conflicto de intereses, toda vez que actuó como representante legal de la firma Arrieta, Garrido & Herrera Asociados, de la que además es socia, presentó propuestas y suscribió contrato con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad estatal y la Fiduciaria La Previsora.

Recordó que la Fiduciaria la Previsora, se encuentra dentro del marco funcional de vigilancia y control de la Contraloría General de la República, entidad de la cual ella hace parte, máxime cuando se tiene que en la dependencia en la cual ejerce sus funciones, es la encargada de vigilar y controlar la actividad de las Instituciones Financieras.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del ministerio público consideró además que la funcionaria se encuentra presuntamente incursa dentro de una violación a una de las prohibiciones previstas para los servidores públicos dentro de la Ley 734 de 2002, pues siendo conocedora de la obligación de presentar anualmente guante el Departamento Administrativo de la Función Pública su declaración juramentada de bienes y rentas debió relacionar su participación en dicha sociedad.


007-08

Inhabilitan ex alcalde de Fosca por participación en política

Bogotá, lunes 7 de enero de 2008. 8:00 a.m. Inhabilidad para ocupar cargos públicos durante 14 años y destitución como alcalde del municipio de Fosca, impuso la Procuraduría General de la Nación a Edgar Eduardo Riveros Rey al ser encontrado responsable de favorecer la candidatura de uno de los aspirantes a sucederlo en sus funciones en las elecciones de octubre de 2003.

Según la investigación, el alcalde Riveros Rey utilizó su cargo para influir en proceso electoral en fosca. Su conducta permisiva en la utilización de la maquinaria del municipio en trabajos a particulares para la apertura de vías a cambio de su voto favoreció al entonces candidato Carlos Eduardo Álvarez Chawez, quien posteriormente ganó la elección. 

También implementó en plena campaña política un programa de mejoramiento y construcción de vivienda rural y urbana, y saneamiento básico, favoreciendo a seguidores del candidato Álvarez Chawez.

La Procuraduría estableció que la maquinaria del municipio tuvo una inusual actividad durante los meses en que también se desarrollo la campaña electoral, previa a las elecciones del 26 de octubre de  2003 con un alto consumo de combustible. También comprobó que la mayoría de particulares favorecidos con los trabajos habían expresado en forma pública su preferencia por el candidato Álvarez Chawez.

Además, el Ministerio Público encontró que quienes resultaron beneficiados con el programa de vivienda y saneamiento básico fueron, en su mayoría, seguidores del candidato Álvarez Chawez. Lo prueba el hecho que de los 10 convenios interadministrativos suscritos con la gobernación para llevar a cabo el programa de vivienda y saneamiento básico, es en el año 2003, y en particular, en los meses en los que se desarrolló la campaña por la Alcaldía, los de mayor proporción en la adición de recursos para estas inversiones mediante sucesivas modificaciones al presupuesto.

Igualmente, se evidenciaron falsedades y alteraciones en las listas de adjudicaciones del programa, en la que intervino el alcalde Riveros Rey. En los folios analizados, aparece junto al nombre del beneficiario una firma del investigado como aval, y en la mayoría de los casos, estas personas no reunían los requisitos para acceder a los beneficios por contar con recursos para vivir en condiciones dignas o ya poseían vivienda.