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Pliegos de cargos contra representantes de ARS en el Atlántico

Bogotá, 3 de enero de 2008. La Procuraduría Regional del Atlántico formuló cargos contra los representantes legales de tres Administradoras del Régimen Subsidiado ARS por mantener deudas con los hospitales departamentales que prestan el servicio de salud.

De acuerdo al estado de cartera remitido por el Gerente de la ESE Hospital Universitario de Barranquilla, las administradoras de régimen subsidiado adeudaban a la entidad a junio del 2004 las siguientes sumas: Humana vivir S. A. EPS-ARS 99 millones 200 mil pesos; Salud Vida S.A. EPS 111 millones de pesos, ARS Cafaba 12 millones 953 mil pesos.

El ministerio público consideró que tratándose de administradoras del régimen subsidiado ARS –ARS de carácter privado, encargadas de administrar recursos públicos y que juegan el papel de intermediarias entre las autoridades locales, las instituciones prestadoras de los servicios y los beneficiarios del mismo, se concluye sus representantes legales o gerentes son sujetos a la ley disciplinaria dentro de un régimen especial.

En este orden de ideas, la Procuraduría Regional del Atlántico elevó pliego de cargo contra Nohra Jeannette Mendez Rivera representante legal de Humana VIVIR EPS ARS, para la época de los hechos por no cancelar dentro del término previsto, el pago de las obligaciones contraídas con la ESE Hospital Universitario de Barranquilla, por concepto de prestación de servicios correspondiente a las vigencias 2002-2004.

Así mismo, contra Juan Carlos López Aguilar representante legal de Salud Vida S.A EPS, por no hacer la cancelación de la mencionada deuda correspondiente a las vigencias 2001-2004, desconociendo con ello las normas legales que imponen a las administradoras del régimen subsidiado, la obligación de pagar las cuentas con la red de prestadores, en un plazo no mayor de 30 días calendario.

La medida del ministerio público cobija además a Ludys Esther Mariano de la rosa, representante legal de la ARS CAFABA, porque al no cancelar la deuda violó el decreto 723 de 1997.