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Pliego de cargos contra el Gobernador del Vichada por irregularidades en contrato por 580 millones de pesos

Bogotá, 28 de diciembre de 2007. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del gobernador del Departamento del Vichada, Manuel María Villalba Velásquez, y tres funcionarios de su administración, al encontrar elementos que indican un presunto incumplimiento de sus deberes y la supuesta violación de las normas de contratación estatal. El mandatario seccional deberá responder en una investigación disciplinaria por las posibles irregularidades detectadas en un convenio de salud suscrito por 580 millones de pesos.

El contrato cuestionado por el Ministerio Público fue suscrito por el gobernador Villalba Velásquez con la firma Serpreven Salud Cumare EU para ser ejecutado en cinco meses y con el objeto de garantizar la atención del plan básico de salud, mediante la prestación de servicios médicos y odontológicos a la población asentada sobre las riveras de los ríos Guaviare, Vichada y Uva.

De acuerdo con lo formulado en el pliego de cargos, el gobernador Villalba Velásquez omitió cumplir las normas que lo obligaban a tener en cuenta criterios de accesibilidad, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios de salud. Además, cerciorarse de que la firma contratista estuviese habilitada como Institución Prestadora de Salud (IPS).

Al revisar el proceso contractual, el Ministerio Público estableció que no fueron nombrados comités para evaluar las ofertas desde el plano jurídico, técnico y económico. Tampoco existe un acta o acto administrativo expedido por la entidad pública para escoger al contratista. Al parecer se suscribió el convenio con uno de los cuatro oferentes que se presentaron sin cumplir con lo establecido en las normas de la Ley 80 de 1993. En estos casos, la Gobernación, en cabeza de la Secretaría de Salud del Vichada, debía certificar en la etapa precontractual estas exigencias.

A juicio de la Procuraduría, el señor Villalba Velásquez presuntamente incumplió sus deberes como representante legal del Departamento del Vichada y con su conducta habría desconocido los principios que regulan la contratación estatal. En su calidad de ordenador del gasto, no aplicó las acciones necesarias para garantizar la transparencia en todas las etapas del contrato, y al parecer, no habría ejercido vigilancia ni control sobre las actuaciones de los funcionarios en los que recayó el proceso ni habría adoptado medidas para evitar las irregularidades detectadas.

Su deber, según el órgano de control, consistía en mantenerse informado sobre las actividades desplegadas en el proceso de contratación y, previamente, dar las directrices generales para contratar los servicios, Sin embargo, la investigación disciplinaria encontró que el gobernador Villalba Velásquez sólo habría delegado los actos y trámites contractuales en funcionarios del despacho, entre ellos, el secretario de Salud, quienes intervinieron en su adjudicación y celebración.

La decisión de la Procuraduría también cobijó a Nelson González Maragua, secretario departamental de Salud del Vichada, quien presuntamente no efectuó estudios previos de manera seria y concreta, tampoco analizó la conveniencia y oportunidad del contrato y tramitó el proceso en forma defectuosa, ambigua e indebida a pesar de ser quien creó la necesidad, redactó los términos de referencia y dio las pautas para el proceso departamental.

El otro funcionario implicado, Carlos Alberto Sandoval Jerónimo, en su calidad de gobernador encargado presuntamente recibió a satisfacción la liquidación del contrato a los cinco meses sin ser ejecutado a cabalidad ni haber ejercido vigilancia o control ni adoptó medidas para evitar las irregularidades en el momento de la liquidación.

También se incluye en el pliego de cargos la actuación de Luz Miriam Espejo Benavidez, quien fue designada como supervisora del contrato y, al parecer, omitió su deber y no cumplió en forma idónea las labores asignadas.