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Absuelto Comisionado de Paz en investigación disciplinaria

Bogotá, 21 de diciembre de 2007. El alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez, faltó a la prudencia, cautela y cuidado debido a un servidor de su rango en el momento en que suministró una información utilizada después por la Casa de Nariño y que puso en tela de juicio la honorabilidad del, en ese momento, senador Rafael Pardo Rueda.

Sin embargo, su intención jamás fue la de afectar la integridad moral del dirigente político por lo que no puede ser responsabilizado de la falta de injuiria y calumnia, determinó la Procuraduría General de la Nación al absolver al funcionario de los cargos formulados en el curso de una investigación disciplinaria.

Para el Ministerio Público, las pruebas allegadas al proceso disciplinario no permitieron establecer la existencia de elementos para soportar con certeza que la acción del comisionado Restrepo Ramírez estaba dirigida dolosamente a perjudicar la honra y buen nombre del doctor Pardo Rueda. Y ante esta evidencia, no se puede sostener que la actuación del funcionario tuviese el ánimo de injuriar o calumniar, señaló el fallo.

Los hechos investigados tuvieron su origen el 17 de enero de 2006. El en ese momento jefe del Partido de la U y actual ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, afirmó en una rueda de prensa que el senador Pardo Rueda había propuesto a las Farc hacer una alianza de oposición para enfrentar la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Según el ministro Santos, la versión la había obtenido de voceros del Gobierno Nacional reconociendo después que había sido infundada.

Al día siguiente, en un comunicado de prensa, La Casa de Nariño reconoció haber recibido esa información, la cual puso en manos de las autoridades competentes, y admitió que la suministró al Jefe del Partido de la U para que “hiciera buen uso de ella”.

A juicio de la Procuraduría, el comunicado emitido por el comisionado Restrepo Ramírez tuvo por intención responder a los medios sobre quien había suministrado la información al Presidente de la República y aceptando su responsabilidad. Pero del documento no se desprende ningún indicio que indique el conocimiento del funcionario  de la forma como se iba a manejar la versión suministrada al Ejecutivo. Por esta razón no configuró falta disciplinaria.

En el fallo, el Ministerio Público advirtió que todos los servidores públicos tienen como deber proteger la honra de todos los residentes en Colombia. La administración pública está a su servicio y tiene por finalidad aplicar el Estado Social de Derecho, tal como lo establece la Constitución y si se viola este mandato deben responder disciplinariamente. Pero en estos casos, aclaró, la falta sólo se configura en el momento en que el funcionario tenga la intención de causar daño y este se materialice en deshonra, injuria y calumnia.

“En un Estado de Derecho estas actuaciones no pueden ser de recibo pues van en contravía de los principios de la función pública”, concluyó la decisión emitida.