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Obligar a universidades públicas a financiar pasivo pensional es inconstitucional

Bogotá, 19 de diciembre de 2007. Obligar a las universidades públicas del orden nacional a concertar con el Gobierno Nacional el pago de los pasivos pensionales constituye una intervención directa e indebida del legislador en el manejo de los asuntos presupuestales de estas instituciones y vulnera su autonomía, consideró el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, en un concepto de constitucionalidad.

En su pronunciamiento, el Jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar contrario al ordenamiento superior la disposición, contenida en el artículo 38 de la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan de Desarrollo 2006 – 2010 y que traslada a los claustros universitarios oficiales un porcentaje para el saneamiento del pasivo pensional.

A juicio del Procurador, los términos de concertación consagrados en la norma demandada, constituyen una indebida intromisión en la autonomía administrativa y financiera de las universidades públicas consagrada en el artículo 69 de la Constitución. Además, afecta otros derechos como el acceso a la educación superior de los más aptos pero que carecen de recursos económicos suficientes para ingresar a universidades privadas.

El artículo demandado establece que los pasivos pensionales de las universidades del orden nacional no estará a cargo exclusivamente de la Nación, sino que dichas entidades concurrirán con sus propios recursos en su saneamiento creando un fondo en los términos establecidos en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993.

Para el Jefe del Organismo de control la educación superior pública no puede ser considerada o valorada como una mera mercancía o un negocio comercial en el sentido que si no es autosuficiente, o si no es rentable, no es viable y debe cerrarse. La autonomía universitaria no significa la autofinanciación, ni la obligación de conseguir recursos propios o generarlos y el Estado debe prever el incremento anual de las partidas de gastos con el fin de garantizar su mantenimiento.

En su pronunciamiento, el Jefe del organismo de control enfatizó que la autonomía presupuestal de las universidades públicas se debe centrar en la investigación, en la preparación profesional y en la forma como se dirigirán los recursos para el logro de sus objetivos. La racionalización del presupuesto no puede implicar la congelación o reducción de las transferencias. Por lo que la disposición demandada restringe el carácter progresivo del derecho social de la educación superior de naturaleza pública sin una justificación suficientemente válida.

“Es obligación del Estado fortalecer estas instituciones reorientando el gasto para la educación superior hacia los grupos más pobres de la población. Los responsables del fortalecimiento de la educación pública superior están obligados a atraer a sus universidades profesores de excelentes calidades a quienes se les debe remunerar en debida forma, con lo cual se garantizará la competitividad de los estudiantes de bajos recursos con los egresados de las universidades privadas y de otros países”, expresó el Procurador en el concepto entregado a la Corte Constitucional en el curso de una demanda de exequibilidad.
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El pasivo pensional de las universidades públicas es para el Procurador un fenómeno estructural cuyos orígenes obedece a distintas razones, entre ellas, a la falta de una permanente política estatal y el hecho de obligar a los centros educativos a responder por estas obligaciones puede afectar notoriamente los recursos destinados para otros efectos distintos al cumplimiento de esas obligaciones.

“Si bien las universidades públicas deben realizar los esfuerzos necesarios para que generen recursos a través de los servicios que proporcionan, este esfuerzo nunca será suficiente para el cumplimiento de sus objetivos primarios, pues, su misma naturaleza y razón de ser: permitir el acceso a la educación superior de calidad, de las personas de escasos ingresos económicos, les impiden realizar inversiones distintas a su cometido”, concluyó el concepto.

En el concepto, el Procurador Maya Villazón también consideró que el artículo 129 del Plan de Desarrollo vulnera el principio de legalidad del gasto público contenido en la Constitución y en la Ley 152 de 1994, por no haber tenido el aval del Gobierno durante su trámite. Además, la disposición viola el principio de unidad de materia.

Al respecto, el Jefe del Ministerio Público indicó que “el Salón Elíptico del Congreso fue el escenario del resurgimiento de esta nueva modalidad de auxilios parlamentarios traducidos en destinar recursos y financiar obras regionales a nombre de los parlamentarios del sector. En especial estas partidas que conforman el artículo 129 constituyen materialmente auxilios regionales, destinados a hacer política con los dineros públicos. Ello viola el derecho a la igualdad de los Congresistas pues quienes utilizan dichas partidas tienen ventaja ante el electorado.