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Por homicidio de la jueza de Becerril (Cesar) destituyen dos ex alcaldes

Bogotá, 14 diciembre de 2007. Por su participación en el homicidio de la jueza del municipio de Becerril, Marilis de Jesús Hinojosa Suárez, y la colaboración con las actividades de grupos armados ilegales en esa región del país, la Procuraduría General de la Nación sancionó al ex alcalde de esa población del departamento del Cesar, Jhonny Amaya Amaya, con destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 20 años.

La decisión del Ministerio Público también cobijó al ex alcalde del municipio de Codazzi, Cesar, Tomás Ovalle López, quien fue sancionado con destitución e inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos por incumplir sus deberes respecto del control orden público municipal e incurrió en prohibiciones al auspiciar y colaborar (auspiciando y colaborando) con organizaciones al margen de la ley, “a tal punto que tenía contacto personal y comunicación con ellos”.

Según el fallo, emitido en primera instancia, a los ex funcionarios sancionados les estaba prohibido ( la obligación de los ex funcionarios sancionados era la de no) tener relación alguna con los miembros de las organizaciones paramilitares asentadas en los municipios de Codazzi y Becerril, y tenían la obligación de denunciar ante las autoridades judiciales su ubicación y las actividades que estaban desarrollando. “Cómo servidores del Estado, sus responsabilidades trascienden a la de un ciudadano común y sus acciones u omisiones lo hacen responsable no sólo ante la Constitución y las leyes sino también ante los reglamentos específicos de sus funciones”, indicó en el texto de la decisión.

Y en el caso específico del ex alcalde Amaya Amaya, la Procuraduría estableció que concertó con miembros de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá “Frente Mártires de Upar”, la ejecución del homicidio de la jueza Hinojosa Suárez, ocurrido el 27 de enero de 2003, en la vía que conduce de Codazzi a Becerril. El asesinato lo cometieron varios hombres que se movilizaban en una camioneta tipo burbuja color verde que la interceptó, y después de una corta persecución, fue alcanzada y acribillada.

La servidora judicial se desempeñaba como Juez Promiscuo y, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el móvil de su asesinato fue político. Al parecer, los autores del crimen pretendieron de esa forma obligar a un sobrino de la víctima a renunciar a sus aspiraciones a la Alcaldía de Becerril. Esa candidatura obstaculizaba (los planes) el propósito del grupo paramilitar de (conseguir) acceder a ese cargo con un aspirante propio para lograr el control del municipio.

El organismo de control (pudo) estableció en el curso de la investigación disciplinaria, que los ex alcaldes Amaya Amaya y Ovalle López mantuvieron vínculos directos y cercanos con los reconocidos jefes paramilitares alias “Tolemaida”, “Javier” y Luis Fernando Machado, conocido cómo “CHIPI”, considerados por las autoridades judiciales como los autores intelectuales y materiales del homicidio de la jueza Hinojosa Suárez.

Los ex funcionarios actuaron “con conocimiento que su proceder no estaba adecuado a las exigencias normativas que debía(n) observar dado el encargo del cual la sociedad lo(s) había investido porque tolerando y colaborando a un grupo al margen de la ley en los municipios de Codazzi y Becerril (Cesar), sabía(n) que su comportamiento tenía consecuencias jurídicas a nivel disciplinario”, concluyó el fallo.