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Licitaciones para contratar obras de red vial de Valledupar debe ser suspendida y revisada

Bogotá, 12 de diciembre de 2007. Suspender el trámite de los procesos licitatorios abierto para adjudicar las obras de mantenimiento, mejoramiento y construcción de varios tramos de la red vial del municipio de Valledupar, capital del departamento del Cesar, con el fin de revisar las condiciones impuestas ante la posibilidad de irregularidades surgidas en el curso proyecto, solicitó el Procurador Edgardo Maya Villazón al gobernador Rodrigo Canosa Guerrero.

El Jefe del Ministerio Público, haciendo uso de su potestad de intervención preventiva, exhortó al mandatario seccional a revisar el proceso al considerar que las exigencias actuales son excesivas al compararlas con las condiciones impuestas por otras instituciones del Estado para el mismo prototipo de obras que se están licitando.

Esta situación, a juicio del Procurador, puede restringir la amplia participación de oferentes provocando una concentración de pocos proponentes o dejando la posibilidad en uno sólo, tal como ocurrió en una licitación anterior.

En concepto del Jefe del organismo de control, la administración departamental debe ordenar los correctivos necesarios para ajustar el proyecto a lo exigido en condiciones similares por otras entidades públicas, de acuerdo con los principios de transparencia y selección objetiva que rige las normas de contratación estatal.

“Lo anterior, se insiste, respetando el entorno de autonomía que como autoridad administrativa tiene su Despacho para ejercer las competencias que constitucional y legalmente le correspondan en el ámbito de la contratación estatal, pues más allá no puede llegar el Ministerio Público”, reiteró el Procurador en su concepto.

Las licitaciones abiertas cuentan con un plazo de sólo tres días hábiles para elaborar una oferta de proyectos de esa magnitud y, además, cuentan con términos muy ajustados en su cronograma para formular observaciones, realizar visitas a las obras, adquirir los pliegos de condiciones, solicitar audiencias de aclaración.

En particular exige una capacidad residual de contratación de 200 salarios mínimos legales mensuales (SMM), equivalente a 87.700 millones de pesos, cuando el valor de las obras en licitación son de 17.780 millones de pesos y 17.350 millones de pesos.

Exige como experiencia general, “inexplicablemente”, la construcción de una obra por un valor igual o superior a 100.000 SMM, los cuales equivalen a 43.300 millones de pesos; y como experiencia específica la de construcciones de urbanismo contratadas por 130.000 SMM, equivalente a 56.400 millones de pesos. “De esta forma se restringe la posibilidad de que constructores de diversos tamaños puedan participar en los procesos selectivos a cargo de su despacho”, resaltó el Procurador en su comunicación.