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Confirmada destitución de 10 concejales de Barranquilla

Bogotá, 12 de diciembre de 2007.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a 10 concejales de Barranquilla por peculado por apropiación y fraude procesal.

En fallo de segunda instancia, el ministerio público confirmó la sanción de destitución y modificó la de inhabilidad de 20 a 18 años contra Ernesto Gómez Guarín, Eduardo Enrique Pulgar Daza, Alejandro Munárriz Salcedo y Marlon Gregory Pacheco Pérez.

En cuanto a Akemi Adachi Corral y Millar Jesús Soto Solano, la inhabilidad se modificó de 15 a 13 años y para José Rodrigo Encinales Sanabria y Manuel Julián Yepes Pérez la sanción pasó de 12 a 11 años. El ministerio público confirmó además la destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos contra Dubys Seales Reyes y Mónica Cuello Chirino por un lapso de 10 años.

La Procuraduría General de la Nación cuestionó en el primer fallo posibles conductas como falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, uso de documento público falso, falsedad en documento privado, fraude procesal, y peculado por apropiación al ordenarse el pago a personas no vinculadas al Concejo de Barranquilla, sin embargo, en fallo de segunda instancia, fue decretada la prescripción de dichos cargos, salvo los de peculado por apropiación y fraude procesal.

La decisión señala que está plenamente probado el provecho personal o de tercero al ordenar la cancelación de más de 5.200 millones de pesos por concepto de pago de sueldos y prestaciones a unos presuntos empleados del Concejo Distrital de Barranquilla para la vigencia del 2002, relaciones laborales que fueron acreditadas en resoluciones de nombramientos, insubsistencias y actas de posesión falsas.

El ministerio público comprobó que las actas de posesión del año 2000 eran falsas y estos documentos fueron usados para interponer varios recursos de tutela con el finalidad de cobrar dichas acreencias laborales inexistentes, las cuales fueron además certificadas mediante actas del 30 de diciembre del 2002 y 30 de abril del 2003 y que finalmente fueron pagadas a través de la fiduciaria La Previsora.

La Procuraduría en fallo de segunda instancia concluye que sin tales resoluciones de nombramiento, ni las actas de posesión, hubiera sido imposible la interposición de las tutelas, demostrado de esta manera la participación de los sancionados en la conducta disciplinaria.