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Destituyen alcalde del Atrato (Chocó) por continuar en el cargo estando inhabilitado

Bogotá, 11 de diciembre de 2007. El ex alcalde del municipio chocoano del Atrato, Ángel Ovidio Palacios Palacios, fue destituido del cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por 12 años al ser declarado por la Procuraduría General de la Nación responsable de continuar como burgomaestre a pesar de ser confirmada por la Corte Suprema de Justicia una condena en su contra por falsedad material en documento público cuando se desempeñaba como alcalde del municipio de Lloró.

“El disciplinado teniendo pleno conocimiento de que en su contra pesaba una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, debidamente ejecutoriada, emanada de una de una sentencia, continuó ejerciendo el cargo de Alcalde del Municipio del Atrato, tal y como lo demuestran las pruebas debidamente analizadas”, indicó el fallo de primera instancia emitido por el Ministerio Público.

La confirmación de la condena e interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas en su contra fue notificada al alcalde Palacios el 20 de octubre de 2005. La decisión del alto tribunal, dejó en firme, la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó, y que confirmó el Tribunal Superior de la misma ciudad en el cual fue condenado a título de autor.

El oficio de la notificación llegó a la dirección de su despacho y a la de su abogado, quien tenía su oficina en la ciudad de Medellín. Tres meses después, el señor Palacios Palacios continuaba en su cargo, desconociendo el fallo del alto tribunal. Incluso, intentó inducir al error al Gobernador del Chocó a quien le aseguró que no se encontraba inhabilitado en el momento que procedió a removerlo como alcalde, estableció la Procuraduría en el fallo.

El ministerio público, al hacer el análisis de la conducta en la que incurrió el señor Palacios Palacios incluyó el hecho que “se trata de una persona altamente calificada con título de abogado y una gran experiencia en el ejercicio profesional y en la administración pública con gran reconocimiento en la comarca, lo que significa que no nos encontramos frente a un lego en materia jurídica y de derecho”, concluyó el fallo al fundamentar la gravedad de la falta.