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Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió concepto del ministerio público sobre caso Commsa

Bogotá, viernes 7 de diciembre de 2007. La Procuraduría General de la Nación celebró la decisión asumida por el Tribunal Administrativa de Cundinamarca al aprobar el acuerdo suscrito entre el instituto Nacional de vías y la Sociedad Concesionaria del Magdalena Medio (Commsa).

Con la determinación asumida, el tribunal acogió el concepto emitido por el ministerio público en el cual señalaba que el mencionado acuerdo cumplía los requisitos formales y sustanciales que exige la ley y no es lesivo a los intereses del Estado.

El contrato transaccional entre Commsa e Invías surgió después de un pleito jurídico por la decisión de la entidad del Estado, de declarar la caducidad del contrato por incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.

El acuerdo transaccional permitirá al Estado recibir más de 119 mil millones de pesos por concepto de la cláusula penal pecuniaria del contrato y habilita el reembolso de más de 135 mil millones de pesos que se encontraban en las fiducias constituidas para el manejo de los anticipos entregados a la firma contratista, así como por los dineros recaudados por peajes para la construcción de la vía.

La consecución de estos recursos según lo ha afirmado el gobierno nacional, permitirá la celebración de un nuevo contrato a través del cual se construya la carretera que comunicará a la localidad del Vino con el municipio de San Alberto, Cesar, es decir, terminado el presente proceso ejecutivo, se ordenará el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro decretados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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508-07

Por injuriar y calumniar al Viceprocurador, condenado abogado Alfonso Beltrán García

Bogotá, domingo 9 de diciembre de 2007. 8:00 a.m. Por incurrir en injuria y calumnia contra el Viceprocurador General de la Nación Carlos Arturo Gómez Pavajeau, el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito condenó al abogado Alfonso Beltrán García a 8 meses de prisión, multa de 15 salarios mínimos legales vigentes y a una pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal y al pago de perjuicios de orden material y moral por los daños causados al Viceprocurador

Los hechos se refieren a la investigación realizada en ejercicio de su función constitucional y legal, por el doctor Gomez Pavajeau a propósito de los hechos que rodearon el fallido rescate de la ex ministra Consuelo Arauonoguera. Cuando en dicha actuación disciplinaria fueron cobijados con pliego de cargos algunos altos mandos militares, el abogado Alfonso Beltrán García presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la cual calificó la decisión del viceprocurador como «”un disfraz de legalidad”, “golpe bajo a la seguridad del estado”, “desafuero”, “acto que apoya y cohonesta la subversión” imputaciones deshonrosas que pusieron en duda el buen nombre, la rectitud y probidad de quien las adoptó. La Fiscalía archivó por absoluta falta de mérito la denuncia contra el Viceprocurador.

«Las expresiones utilizadas por el Doctor Alfonso Beltrán García, sobre la competencia del señor Viceprocurador General de la Nación, desde luego que tiene obvia repercusión de su imagen pública y de su idoneidad moral para adelantar la acción disciplinaria a él confiada, precisamente por cuanto el titular señor Procurador General de la Nación, se impidió, en razón de los nexos de familiaridad –por ser cónyuges- que lo unía con la ex Ministra Consuelo Araujonoguera y en la medida en que la investigación se encaminaba a establecer las probables faltas disciplinarias que pudieron cometer los altos militares comprometidos en las acciones militares tendientes al rescate de la ex ministra» puntualizó la sentencia.

Igualmente, el juez Treinta y Ocho Penal del Circuito halló responsable al señor Beltrán García de la conducta punible de calumnia, pues acusó concretamente al Viceprocurador Gómez Pavajeau del delito de prevaricato cuando en la denuncia penal instaurada solicitó que se iniciara «investigación de oficio por este prevaricato que están cometiendo funcionarios de la Procuraduría y su jefe».

Concluye el juez en su sentencia que dicha afirmación lesionó el derecho fundamental al buen nombre del Viceprocurador General, quien no realizaba actuación diferente a atender las obligaciones que le imponen la Constitución y la Ley al investigar disciplinariamente a los mandos militares.