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Crece la deuda nacional con la educación

Bogotá, 5 de diciembre de 2007. Las recientes noticias acerca de los bajos resultados obtenidos por el país en la prueba de 2006 del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes –PISA- confirman las conclusiones del estudio sobre El Derecho a la Educación, entregado el año anterior por la Procuraduría General de la Nación a las autoridades gubernamentales y a la sociedad.

De acuerdo con un comunicado del pasado 29 de noviembre, el Ministerio de Educación Nacional reconoce los postulados de PISA en cuanto a la capacidad de la prueba para evaluar en los jóvenes de 15 años de edad la habilidad para aplicar conocimientos y competencias, así como para analizar, razonar, comunicarse efectivamente, examinar, interpretar y resolver problemas.

Es de resaltar el interés del país por medirse internacionalmente para establecer comparaciones con sistemas educativos de otras naciones, hecho que se ha dado desde hace algún tiempo, con resultados similares a los de PISA. También es de advertir a la sociedad que Colombia presenta una larga experiencia en la aplicación de pruebas de rendimiento escolar y, últimamente, de competencias ciudadanas, cuyos resultados dan cuenta de la persistencia de la baja calidad de la educación. Así lo hizo evidente el estudio de la Procuraduría General de la Nación que concluye demostrando que “sólo 34.1% de la población de 5 a 17 años de edad disfruta del derecho pleno a una educación de calidad”.

Una vez más, la Procuraduría General de la Nación advierte a las autoridades gubernamentales su obligación de garantizar el derechos a una educación de calidad para todos los colombianos lo cual significa atender integralmente el núcleo esencial mínimo no negociable del derecho a la educación constituido por cuatro elementos con características universales, indivisibles, interrelacionadas e interdependientes como son el derecho a la disponibilidad, el derecho de acceso al sistema, el derecho a la permanencia y el derecho a la calidad.

La desatención de esta obligación comprendida en su integralidad conduce al deterioro de la educación y al crecimiento de la deuda nacional educativa con la población. La calidad es un factor que adquiere sentido desde el primer día de vinculación de los niños y jóvenes con el sistema escolar: su cuidado comprende el clima escolar, las acciones pedagógicas adecuadas a las condiciones de cada comunidad, la atención a los factores asociados al logro y la aplicación de medidas básicas para conseguir la equidad social a través de la gratuidad establecida constitucionalmente, la atención a otros componentes del gasto educativo que se generan durante el año escolar, así como las acciones compensatorias que cubren los servicios de alimentación escolar, salud, transporte y subsidios para responder a las necesidades personales de los estudiantes y familiares de los hogares pobres.

Es natural que el cumplimiento de estas obligaciones demanda la disponibilidad de recursos financieros que va más allá de los destinados a la cobertura escolar y de aportes focalizados en los más pobres de los pobres, si se quiere universalizar una educación de calidad, razón por la cual la Procuraduría advirtió en 2006 que la reforma anunciada del Sistema General de Participaciones (transferencias) podría aumentar la deuda educativa nacional con la población.