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Modificaciones al concurso de notarios son inconstitucionales

Bogotá, 3 de diciembre de 2007. Por considerarlos contrarios a la Carta Política de 1991, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional aceptar las objeciones hechas por el Presidente de la República y declarar inexequible apartes de los artículos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo del proyecto de ley que reglamenta y modifica el concurso público para acceder a la Carrera de Notario en Colombia.

En un concepto de constitucionalidad entregado al alto tribunal, el Ministerio Público consideró que las disposiciones objetadas por el Ejecutivo, contenidas en el Proyecto de Ley 105 de 2006 Senado – 176 de 2006 Cámara, establecen ajustes y nuevas condiciones al actual proceso que calificó de censurables debido a que afectan situaciones jurídicas consolidadas.

En su pronunciamiento, la Procuraduría advirtió que el concurso que se está adelantando, “por las particulares circunstancias en que nació a la vida jurídica, no puede ser objeto de más interferencias ni manipulaciones que lo hagan inoperante y se constituyan en una burla para quienes de buena fe están participando legítimamente”.

La iniciativa, que aún no ha sido sancionada, reforma la ley 588 de 2000 que regula la actividad notarial y establece modificaciones al concurso para acceder al cargo de notario, entre ellos, su aplicación gradual, sectorizada, por círculos notariales y por categorías. Además, exige una garantía a los designados como notarios para asegurar que están en capacidad de sufragar los gastos requeridos para establecer la infraestructura física, técnica y de personal, y la adecuada instalación, organización y funcionamiento de la notaría en la que fueron designados, suministrada por el notario saliente.

Esas modificaciones, según lo aprobado por el Congreso, deberán adecuarse al proceso de concurso de notarios que se está desarrollando en la actualidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 001 de 2006, emitida por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en el momento que se convierta en ley de la República.

Luego de estudiar las objeciones presentadas por el Presidente de la República, una comisión integrada por tres miembros del Senado y tres de la Cámara de Representantes presentó un informe en forma conjunta a consideración de las plenarias en el que consideró fundadas las objeciones contra los apartes de los artículos Cuarto y Quinto pero insistió en la constitucionalidad del inciso primero del artículo Tercero y los artículos Sexto y Octavo.

Según los legisladores, el inciso primero del artículo Tercero de la iniciativa es una norma de carácter procesal que establece unos parámetros mínimos que le permiten al órgano rector de la Carrera Notarial desarrollar de manera fraccionada los concursos mediante criterios que respeten la continuidad y la calidad del servicio notarial que no afecta la convocatoria ni las etapas que ya se hayan surtido.

Respecto al artículo Seis del proyecto de ley, el Congreso aseguró que la Corte Constitucional avaló en una sentencia la exigencia de la garantía económica, operativa y técnica que debe prestar la persona designada como notario. Por lo tanto, el precepto no implica un nuevo factor de calificación sino un requisito “habilitante” para el desempeño como notario.

Finalmente afirmó que la iniciativa no consagra la aplicación retroactiva de la ley sino un asunto procesal dado que se “limita a reconocer el efecto general e inmediato de las normas procesales por el cual la presente ley tendría únicamente la posibilidad de alterar aquellas etapas que aun no se hayan surtido al amparo de la normatividad preexistente”.

La Procuraduría no compartió estas consideraciones del Congreso, pues una ley procesal establece una serie de actos vinculados entre sí con la finalidad de darle solución a una situación jurídica por medio de una sentencia, y en esta definición no se enmarcan las disposiciones contenidas en el proyecto de ley objetado, el cual busca modificar el concurso para acceder a la función notarial regulando actuaciones administrativas que afectan directamente derechos subjetivos de los administrados.

En este caso, quienes aceptaron la convocatoria hecha por el Consejo Superior de la Carrera Notarial mediante el Acuerdo 01 de 2006, y asumieron todos los requisitos como las clases de pruebas, puntajes, régimen de inhabilidades y demás aspectos atinenentes al concurso no pueden verse sometidos al cambio de reglas de juego por causa de la aplicación retroactiva de la ley, indicó el concepto del Ministerio Público.

“La aplicación retroactiva de una ley rompe la confianza de las personas en el derecho, afecta la buena fe, desconoce la libertad y autonomía de los destinatarios de las normas y vulnera su dignidad”, agregó el Ministerio Público en su pronunciamiento tras analizar esta disposición.

También consideró que el requisito de una garantía para asegurar que están en capacidad de sufragar los gastos para establecer la infraestructura y funcionamiento de la notaría en la que fueron designados, previsto por la norma para el nombramiento de quien se ha hecho merecedor a esa dignidad por haber superado satisfactoriamente las pruebas correspondientes, desconoce el carácter público y abierto del concurso, no es razonable ni proporcionado al fin que persigue y, por lo tanto, vulnera el derecho a concursar en condiciones de igualdad.

En igual sentido se pronunció frente a la disposición de llevar a cabo la implementación del concurso de forma gradual y sectorizada por círculos notariales y por categorías. Aparte de restringir la igualdad de oportunidades de los aspirantes, consideró la Procuraduría, difiere de manera indefinida un proceso que ha venido siendo objeto de dilaciones injustificadas e insostenibles a la luz de la Carta Política.

Además, la convocatoria gradual a que se refiere la norma objetada no tiene sustento en ninguna finalidad o justificación que se haya aducido en la exposición de motivos del proyecto de ley, ni en los debates correspondientes, agregó el concepto del Ministerio Público.