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Acciones judiciales presentará PGN para superar crisis ambiental en cementerios

Bogotá, viernes 30 de noviembre de 2007. En estado deplorable, abandonados y amenazando ruina se encuentran 20 de los cementerios que funcionan en Cundinamarca como consecuencia de fallas en su administración y ausencia de presupuesto.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, en desarrollo de su función preventiva adelantó visita a los cementerios de Guayabal de Síquima, Bituima, Guaduas, la Vega, Villeta, Albán, Fúquene, Ubaté, Tena, Apulo, anapoima, La Mesa, Tocaima, Girardot, Fusagasuga, Chía, Tenjo, Tabio, Suesca y Sasaima, entre otros.

El ministerio público concluyó que el estado general de los cementerios visitados afectan gravemente el medio ambiente y la salubridad de quienes habitan las zonas aledañas a estos campos santos que son administrados por las curias correspondientes a las arquidiócesis, sin ayuda presupuestal de las alcaldías municipales.

Dentro de los factores contaminantes detectados por el ministerio público se encuentra el manejo inadecuado de los residuos hospitalarios, los cuales están reglamentados por el Decreto 2676 del 2000 y la resolución 1164 del 2002 proferida por el Ministerio del Medio Ambiente.

De igual forma, se detectó que los restos óseos considerados como residuos hospitalarios y similares, al ser exhumados no tienen ningún tipo de bioseguridad y son puestos posteriormente en una alberca colmada de agua. Situación similar se presenta con los restos de ataúdes que son arrojados en zonas abiertas del cementerio sin control ambiental o sanitario.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que las autoridades municipales no tienen presencia frente a la administración de los 20 cementerios visitados, la Procuraduría General de la Nación presentará a distintas jurisdicciones las acciones judiciales a las que haya lugar, con el fin de que se cumplan las disposiciones ambientales y de salud.

Finalmente, solicitará al Ministerio de Protección Social que reglamente la actividad de cementerios de acuerdo a lo ordenado por la Ley 9 de 1979; así mismo emprenderá un trabajo conjunto con los alcaldes municipales con el fin de lograr un mayor compromiso en la solución de la problemática frente al manejo y administración de los campos santos que deterioran la calidad del medio ambiente de las mencionadas poblaciones cundinamarquesas.