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Demandan 16 actos de elección de concejales, ediles y alcaldes por estar inhabilitados

Bogotá, sábado 24 de noviembre de 2007. Los actos de elección de 16 aspirantes a cargos públicos en los pasados comicios fueron demandados por la Procuraduría General de la Nación ante los jueces y tribunales administrativos al considerar que se postularon y se hicieron elegir contrariando las normas legales por encontrarse inhabilitados para ejercer el cargo.

La acción del organismo de control hace parte de un plan de acción para evitar el detrimento del patrimonio público y la afectación Del derecho fundamental al sufragio en el proceso electoral del pasado 28 de octubre en el que fueron elegidos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

Las demandas incluyen una solicitud para cada despacho judicial de suspensión provisional de los efectos del acto de elección de quienes fueron electos para ocupar cargos en corporaciones públicas estando inhabilitados. Además, la Procuraduría ofició al Consejo Superior de la Judicatura para que la corporación judicial emita instrucciones precisas a los jueces y den prioridad al trámite de estas causas.

Según el Ministerio Público, los demandados tenían pleno conocimiento de hallarse inhabilitados y a pesar de ello 10 de ellos se postularon como concejales, cuatro a juntas administradoras locales y dos para alcaldías de 16 municipios ubicados en 13 departamentos del país, y resultaron electos.

Cinco de los inhabilitados fueron inscritos en las listas del Partido Liberal, tres en el Partido de la U, dos pusieron su nombre a consideración del electorado por el Partido Conservador, dos por el Polo democrático y los restantes figuraron en las listas de los movimientos Alas Equipo Colombia, Une, Alianza Nacional Indígena y Apertura Liberal.

En 14 de los casos, las inhabilidades que pesan sobre los demandados son de carácter penal por haber sido condenados a penas de seis a 40 meses de prisión entre los años de 1999 y 2006. Cuatro de ellos fueron encontrados responsables del delito de lesiones personales, otros cuatro fueron declarados culpables de hurto simple y calificado, tres debieron responder por fabricación y tráfico ilegal de armas, dos incurrieron en inasistencia alimentaria y los restantes por fuga de presos y estafa.

Los dos inhabilitados restantes debieron enfrentar una sanción disciplinaria por irregularidades en contratos y la pérdida de investidura por incompatibilidad.

Cada una de estas situaciones se encuentra debidamente documentada en las demandas instauradas por la Procuraduría con las cuales se demuestra en cada caso el acto de elección y la causal de inhabilidad.

Esta acción jurídica fue precedida por la presentación de una acción popular una semana antes de la jornada electoral del pasado 28 de octubre en la que, invocando la violación a los derechos colectivos a la moralidad pública y la moralidad administrativa, se solicitó ante los jueces administrativos dejar sin efecto las inscripciones de los aspirantes que presentaron reportes de inhabilidad para ocupar cargos de elección popular.

Junto con la acción popular, el Ministerio Público denunció penalmente a los candidatos inhabilitados por haber declarado bajo juramento no tener antecedentes al momento de su inscripción y mantener su nombre para aspirar a cargos de elección popular. En este caso, la Fiscalía debe establecer si la conducta de estas personas configuró delito.

Previamente, el organismo de control publicó el listado de ciudadanos inhabilitados y ofreció a los partidos y movimientos políticos expedir gratuitamente los certificados especiales de antecedentes de quienes figuraran en sus listas.

Para la Procuraduría, las acciones judiciales iniciadas tienen como fundamento hacer eficaz el ejercicio del derecho al sufragio y permitir que produzca los efectos de beneficiar a las personas que sean absolutamente probas y dignas de representar a sus electores.

“Los efectos de los actos demandados deben ser suspendidos para evitar que con ellos se genere trasgresión a las normas y se ponga en grave riesgo la democracia colombiana”, insistió el organismo de control en los fundamentos de las demandas.

Adjunto publicamos la lista de los demandados:

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