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Gobernadores salientes garantizan presupuesto para atención a la infancia en el 2008

Bogotá, 22 de noviembre de 2007. Los gobernadores salientes de todo el país apropiaron 4 billones de pesos que servirán de base para que los próximos mandatarios departamentales den continuidad a los programas de atención a la población infantil durante el 2008 por lo cual se requiere una especial vigilancia de los organismos de control.

Así lo advirtió el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón al instalar el Quinto Encuentro de Gobernadoras y Gobernadores por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, “Hechos y Derechos”, impulsado por la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF con el apoyo de la Gobernación de Risaralda, la Alcaldía de Pereira y la Federación Nacional de Departamentos.

El jefe del ministerio público, señaló que con la apropiación de dichos recursos se da respuesta a la directiva 013 del año en curso, a través de la cual solicitó a los gobernadores y alcaldes incluir en los proyectos de presupuesto de inversión para la vigencia fiscal del 2008, proyectos y programas que prioricen la inversión social a favor de la niñez y la adolescencia y garantizar el bienestar general de la población y de las niñas, los niños y adolescentes.

Destacó que 3 de los 4 billones de pesos incluidos para la vigencia fiscal del 2008, están dedicados a educación. Advirtió que la Procuraduría General de la Nación correrá traslado a la Contraloría General de la Nación, al Congreso de la República y a las Asambleas departamentales para que se ejerza un control adecuado sobre el destino de dichos recursos.

Finalmente, hizo un llamado a los gobernadores que tomarán posesión a partir del primero de enero del 2008 para que visibilicen en su plan de desarrollo la prevalencia de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, para que se hagan efectivos a través de políticas públicas prioritarias, sostenibles, de continuidad en el tiempo y encaminadas a garantizar la calidad de vida de estos grupos poblacionales; con el fin de no incurrir en conductas disciplinarias tal como lo establece el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia.