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Por supuesta apropiación de recursos públicos abren pliego de cargos contra el Contralor del Magdalena

Bogotá, sábado 10 de noviembre de 2007. La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Publica, formuló pliego de cargos en contra del Contralor Departamental del Magdalena Luis Edmundo San Juan Perdomo y la Jefe de la Oficina Financiera de la misma entidad Lizbeth Pineda Nigrinis, por presuntas irregularidades en sus funciones al haberse apropiado de recursos públicos pertenecientes a la entidad.

El pliego de cargos en contra de los funcionarios se formula en primera medida por el presunto manejo irregular de cuentas del Banco BBVA y Banco Granahorrar en los años 2004 y 2005. Segundo por la Ordenación de pagos al parecer sin el lleno de los requisitos y tercero por la realización de seminarios llevados a cabo en el Hotel Santamar, y con los que presuntamente se violaron principios establecidos en la ley 80 de 1993 y se manejaron irregularmente los dineros provenientes de los mismos.

El Contralor departamental abrió una cuenta corriente en la oficina principal del Banco BBVA de Santa Marta en el mes de marzo de 2004, con firmas autorizadas a nombre de los dos funcionarios, sin registrar el manejo contable de dicha cuenta en la entidad, ni reportar su existencia a la Auditoria General de la Republica.

Además, organizó tres seminarios en 2004 y dos en 2005, realizando el respetivo recaudo de los mismos a través de la referida cuenta, desconociendo presuntamente el cumplimiento del deber que como funcionario tenia de reportar la existencia de la cuenta y la disposición de los recursos que en ella se manejaran.

Así mismo en algunas cuentas bancarias la Contraloría reporta consignaciones por cantidades menores a las que muestran los extractos entregados por el Banco, y en algunas actividades realizadas con el Hotel Santamar no se habría suscrito el contrato por escrito para la prestación de servicios, lo que podría sugerir violación de los principios de selección objetiva, economía y transparencia.

La Procuraduría considera que en las presuntas actuaciones de los funcionarios se quebrantaron normas de la Constitución Política que hablan de la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones por parte de los servidores públicos, y que la función administrativa esta al servicio de los intereses generales, ya que mediante las acciones de los funcionarios estos incrementaron su patrimonio personal y el de terceros con dineros públicos propiedad de la Contraloría Departamental.