INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 461

Destituyen dos ex alcaldes de Chiriguaná, Cesar

Bogotá, 8 de noviembre de 2007. Los sobrecostos en los que incurrió el ex alcalde encargado del municipio de Chiriguaná, en el departamento de Cesar, Enrique Quiroz Calderón, al suscribir un convenio interadministrativo por 5.468,5 millones de pesos para construir y dotar la Biblioteca local violando las normas de contratación estatal, llevaron a la Procuraduría a destituirlo del cargo e inhabilitarlo por 12 años para ejercer funciones públicas.

La decisión, emitida en primera instancia, también cobijó a Wilson Padilla García, quien como alcalde inició el proceso de selección sin cumplir con los requisitos previstos en la ley. Esta persona también fue inhabilitada para ocupar cargos públicos por 12 años.

De igual manera, la Procuraduría impuso una inhabilidad de 12 años a Cesar Serna Blanco, quien ejercía como secretario de Planeación del municipio. El funcionario actuó como miembro del comité evaluador de la obra contratada junto con Cesar Augusto Gallego Arias, jefe de presupuesto para la época de los hechos, quien recibió la misma sanción al no advertir de los sobrecostos que presentaba la propuesta y optaron por recomendar al ordenador del gasto la adjudicación y suscripción del contrato

Los funcionarios ordenaron y aprobaron la apertura de un proceso de contratación directa para ejecutar la obra sin contar con estudios de conveniencia, de oportunidad de factibilidad y de suelos, planos que establecieran los linderos del terreno y diseños de la planta física que se ajustaran a las necesidades del municipio.

El proyecto tampoco contaba con los permisos y licencias que debía tramitar ante las autoridades ambientales ni los soportes técnicos y económicos, entre ellos, el valor estimado del contrato al momento de iniciarse los trabajos y la calidad de los suministros de aire acondicionado y libros para una biblioteca. Además, evitaron la participación de proponentes idóneos y con experiencia en este tipo de obras.

Con esta conducta, los sancionados faltaron a su deber, generaron un incremento injustificado en el patrimonio del contratista y un detrimento de los recursos del municipio, además, violaron los principios de la selección objetiva, la transparencia y la economía.