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Acción preventiva en Gobernación del Cesar por trámite de crédito por 60.000 millones de pesos

Bogotá, 6 de noviembre de 2007. Ante la supuesta existencia de una oferta presentada al Gobernador del Cesar, Rodrigo Canossa Guerrero, para constituir una fiducia mercantil por 40 mil millones de pesos por un año con recursos provenientes de las regalías que recibe el departamento, el Procurador Edgardo Maya Villazón delegó a un equipo de funcionarios para que adelanten una actuación administrativa de carácter preventivo.

Los funcionarios comisionados por el Procurador deberán determinar si se ha presentado la oferta de fiducia, cual ha sido el trámite previo adelantado por la Gobernación para suscribirla, cual es el origen de los recursos que se invertirán y si existe excedente de liquidez no requerido para amparar apropiaciones en el presupuesto de gastos de esta sección del país.

En una carta dirigida al gobernador Canossa Guerrero, el Procurador advirtió que de contar el departamento con excedentes de liquidez, estos no pueden ser entregados mediante fiducia mercantil y deben tramitarse conforme a lo establecido en la Ley 817 de 2003.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 817 de 2003, recordó el Procurador en la misiva, la entidad territorial debe invertir sus excedentes transitorios de liquidez en títulos de deuda pública interna de la Nación, o en aquellos que cuenten con una alta calificación de bajo riesgo crediticio, si lo recursos provienen de regalías, como ingresos adicionales no presupuestados inicialmente.

Esta situación, según el Jefe del Ministerio Público, contrasta con lo dispuesto en La Ordenanza 015 de 2007, presentada por iniciativa del gobernador Canossa Guerrero, y que lo faculta para celebrar créditos hasta por 60 mil millones de pesos con el objeto de financiar y ejecutar proyectos del Plan de Inversiones Públicas previstos en el Plan de Desarrollo.

El Procurador calificó de inconveniente la ordenanza aprobada por la Asamblea del Cesar y reiteró en la misiva la solicitud al gobernador Canossa Guerrero de no sancionarla.

El acto administrativo justifica las facultades en un supuesto bajo recaudo de ingresos del departamento y en una insuficiencia de los recursos seccionales para financiar los proyectos, lo cual hace necesario la suscripción de créditos. Sin embargo, una certificación firmada por el Secretario de Hacienda Departamental considera que no es necesario obtener recursos nuevos por medio de compromisos financieros para garantizar la ejecución de los proyectos.