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Destituyen e inhabilitan por 20 años a tres oficiales de la Policía

Bogotá, 31 de octubre de 2007. Por su responsabilidad en la desaparición forzada y posterior homicidio de un comerciante, para hurtarle una gruesa suma de dinero y con el propósito de ocultar estos ilícitos cometieron falsedad en documento público, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos por 20 años a tres Mayores de la Policía Nacional.

Los oficiales sancionados fueron identificados como Jhon Esneider Romero Garzón, Edilberto Ballén García y Cesar Augusto Pardo Salcedo. Según el fallo de primera instancia emitido por el Ministerio Público, los efectivos incumplieron sus deberes al detener de manera ilegal al comerciante Rubén Suárez López, el 20 de abril de 2004, en la Estación de Policía del municipio de Susa (Cundinamarca), quien apareció un mes después, en la vía que del municipio de Melgar (Tolima) conduce al de Ricaurte (Cundinamarca).

Para la época en que ocurrieron los hechos, el Mayor Romero Garzón se desempeñaba como Comandante de la Estación de Policía del municipio de Ubaté, el Mayor Ballén García como Subcomandante del Gaula de la Policía en Bogotá y el Mayor Pardo Salcedo era el Director de la Escuela Móvil de Carabineros del Departamento de Policía Cundinamarca (EMCAR).

La Procuraduría consideró que los Oficiales de la Policía sancionados no respetaron las garantías procesales del comerciante Suárez López, violaron su derecho a la dignidad humana al mantener oculta su detención y no informar sobre su paradero, para luego aparecer un mes después su cuerpo sin vida. En el fallo también se sanciona por vulnerar la propiedad privada de la víctima, debido a que se estableció que esta persona llevaba consigo una gruesa suma de dinero al momento de ser retenido, la cual nunca apareció y para ocultar sus conductas ilícitas cometieron falsedad material y de uso de documentos públicos.

El comerciante Suárez López desapareció junto con su vehículo cuando realizaba un recorrido entre Bogotá y Chiquinquirá en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con la información suministrada por su familia a las autoridades, esta persona se dirigía hacia la ciudad de Bucaramanga en plan de negocios conduciendo una camioneta Luv 2200, con placas VIV-368 de Villa del Rosario, Norte de Santander, y llevaba consigo la suma de ciento cincuenta millones de pesos.

Al día siguiente, el señor Lisandro Suárez López, hermano del desaparecido, recibió una llamada en la que le informaron que el comerciante estaba detenido en la Estación de Policía de Zipaquirá. Durante la búsqueda, los familiares averiguaron en la Estaciones de Policía de Ubaté y Zipaquirá donde les comunicaron que no sabían al respecto.

Al no tener éxito en la búsqueda regresaron a la Estación de Ubaté y, tras insistir en recibir explicaciones sobre el paradero del comerciante, se percataron que una anotación registrada en un libro de detenciones que habían encontrado en las horas de la mañana, ya no aparecía.

Un mes después la familia del comerciante fue informada que en el municipio tolimense de Melgar se había practicado una inspección a un cadáver, que luego de su reconocimiento, resultó corresponder al desaparecido.

Para la Procuraduría, las evidencias analizadas probaron que la conducta de los oficiales sancionados guarda relación no sólo con la muerte violenta de la víctima, al cual se unió la sustracción del dinero que llevaba en su vehículo, así como la destrucción y adulteración ilícita de los documentos públicos, los cuales hacían relación a las circunstancias como se produjo la retención ilegal de Suárez López para mantener la hipótesis falsa sobre la desaparición inicial esa persona.

“Existen pruebas que recrean tanto el inicio como la ejecución de los comportamientos ilícitos, en todas sus fases, a través de acciones concatenadas a un interés común en el cual se vislumbra el móvil de las conductas criminales (de los sancionados), signadas por la ambición de hacerse a una cuantiosa suma de dinero en efectivo que la víctima llevaba oculta en la llanta de repuesto de su camioneta el día de los hechos”, señaló el fallo disciplinario.

El Ministerio Público concluyó que los sancionados aprovecharon su condición de pertenecer a un selecto grupo de oficiales de la Policía de alta graduación con alcance a vehículos, equipos de comunicación, armas, medios electrónicos y personal subalterno a su disposición, usualmente utilizados en el ejercicio de sus funciones de la que hicieron uso mediante una acción perfectamente coordinada para cumplir sus fines: localizar, seguir, interceptar, aprehender y desaparecer al comerciante quebrantando el derecho humano fundamental a la vida de la persona inicialmente desaparecida.