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Procuraduria pide condena para cinco miembros de la fuerza pública por su participación en la masacre de Tibú

Bogotá, 30 de octubre de 2007. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmar la sentencia por homicidio en concurso homogéneo y tentativa de homicidio impuesta al mayor del Ejército Mauricio Llorente Chávez, y condenar por los mismos delitos al mayor de la Policía, Harvey Fernando Ortega Ruales y a los agentes Arturo Elías Velandia Narváez, Luis Elías Toloza Arias y Gustavo Lobo Ortega.

Los miembros de la fuerza Pública, según el Ministerio Público, omitieron sus funciones de proteger a la población civil durante una incursión paramilitar en el municipio nortesantandereano de Tibú en julio de 1999.

El concepto de la Procuraduría se produjo en el curso de un recurso extraordinario de casación contra una decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta que condenó al mayor Llorente Chávez y absolvió a los cuatro efectivos de la Policía. Las demandas fueron instauradas por el abogado defensor del militar y los apoderados de las víctimas.

Los hechos que involucran a los cinco miembros de la Fuerza Pública ocurrieron la noche del día 17 de julio de 1999. Al casco urbano de Tibú ingresó un grupo de personas armadas y uniformadas con prendas de uso privativo de la Fuerzas Militares que se identificaron como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Los paramilitares procedieron a sacar las personas que a esa hora se hallaban en diferentes establecimientos públicos ubicados en la parte céntrica de la población, las reunieron, las requisaron y en condiciones de inferioridad mataron a siete de ellas después de ser señalados por un hombre y una mujer como auxiliadores de la guerrilla.

Otros ciudadanos que también fueron retenidos los introdujeron al interior de una camioneta modelo 350 a quienes llevaron por la vía que de Tibú conduce a La Gabarra hasta la vereda Socuavo. En ese lugar asesinaron a tres de ellos, uno más cayó muerto cerca al Puente Serpentino y sólo una de las víctimas logró salvar su vida.

Según los magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta que analizaron el caso en segunda instancia, la Policía no tenía el deber jurídico de actuar por cuanto su obligación de vigilancia únicamente comprendía las instalaciones de la refinería de Ecopetrol. Y aunque las instalaciones de la empresa estatal estaban ubicadas en el municipio de Tibú, la estación, en ese momento, era blanco de hostigamientos. Sin embargo, estos hechos nunca fueron probados en la investigación, concluyó la Procuraduría.